Por José Gerardo Mejía
Víctor Oléa Peláez, abogado del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que es ilegal y extraño que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León haya investigado y juzgado un supuesto ilícito de carácter federal.
En entrevista con Latinus, subrayó que en este caso la fiscalía carece de facultades, por lo que adelantó que uno de los ejes de la defensa legal en la audiencia de este miércoles es señalar “su incompetencia para juzgarlo”.
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“Al tratarse de una elección presidencial, no local, la propia ley establece que se surte la competencia, pero por las autoridades federales, nunca por las locales, no fue una elección del estado de Nuevo León, sino federal, todo se desarrolló en ese ámbito”, aseveró el abogado del despacho Oléa & Oléa Abogados SC.
Oléa Peláez enfatizó que tanto “la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León, e inclusive, las autoridades judiciales de esta entidad federativa, están impedidos de conocer al asunto”.
“Las conclusiones que se puedan sacar de eso, que si son de carácter político o venganzas, pues ya corresponderá a la sociedad determinarlo, nosotros debemos concentrarnos en los aspectos técnico-jurídicos del caso, lo que haremos valer en la audiencia del día de hoy”, apuntó.
Oléa Peláez confirmó que la madrugada de este miércoles fue notificado oficialmente que la audiencia se llevará a cabo hoy a las 16:00 horas, por lo que ya se trasladó desde la Ciudad de México hacia Monterrey.
Hasta el momento, aseguró, sólo tiene conocimiento de que a su cliente se le acusa con base en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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“En este sentido haremos valer una incompetencia, pero hay aspectos múltiples de los cuales en nuestro concepto deriva la posibilidad y en estricto derecho de que se le decrete no sólo la incompetencia sino un auto no de no vinculación a proceso al exgobernador”, destacó.
El artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión a quien “realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.
“La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”, indica la legislación vigente.
El abogado, titular del despacho ubicado en la colonia Lomas de Chapultepéc, insistió en que “el proceso es jurídico y tenemos la convicción de que el poder judicial del estado de Nuevo León actuará como es su costumbre, apegado a derecho”.
“Esperamos objetividad para analizar tanto los argumentos de la acusación como también los de la defensa y deberá pronunciarse y emitir sus resoluciones conforme a derecho, es lo que vamos a solicitar además de un análisis exhaustivo del caso”, concluyó.
Los delitos por los que fue aprehendido el exmandatario se relacionan con la denuncia presentada por el actual gobernador, Samuel García Sepúlveda, cuando era senador por Movimiento Ciudadano, por presuntamente haber empleado a servidores públicos para recabar firmas y validar su candidatura independiente a la presidencia de la República en el 2018.
