Este lunes, un juez federal vinculó a proceso por el delito de defraudación fiscal a Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal accionista de la microfinanciera Ficrea intervenida en 2014 por el gobierno mexicano por un desfalco millonario a miles de ahorradores.
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna concedió tres meses para que se complemente la investigación en contra el empresario.
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Durante la audiencia de este lunes, el juez señaló de innecesario debatir la medida cautelar, porque se impuso desde la audiencia pasada.
La audiencia realizada este día en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México fue programada el 3 de marzo pasado, cuando el juez impuso prisión preventiva a Olvera Amezcua, luego de su arribo un día antes al país, deportado por Estados Unidos a solicitud de las autoridades mexicanas.
La deportación de Olvera Amezcua, considerado “probable defraudador en el caso Ficrea”, fue “resultado de gestiones” de la Fiscalía General de la República (FGR), según informó la dependencia.
Olvera Amezcua afrontaba al menos cinco órdenes de aprehensión en México por crímenes como delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito.
Además, el domingo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que cumplió una orden de reaprehensión contra Olvera Amezcua, que se encuentra detenido en el Reclusorio Sur, por las acusación de la probable comisión del delito de fraude genérico.
El financiero estaba detenido en Estados Unidos desde su arresto en Texas en mayo de 2019, cuando afrontaba una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a petición de la FGR.
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino en noviembre de 2014 a Ficrea, una sociedad financiera de ahorro popular, al detectarse irregularidades en sus reportes financieros.
Según las autoridades, del total de fondos aportados por miles de ahorradores, 2 mil 700 millones de pesos se usaron en transferencias al extranjero, compra de bienes e inmuebles no relacionados con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios.
El 8 de enero de 2015, la Interpol emitió una ficha roja para localizar a Olvera Amezcua a solicitud de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR), lo que implicaba que era buscado en 190 países.
El 5 de octubre de 2015 un tribunal federal mexicano declaró en estado de quiebra a la microfinanciera, en vista de que el monto de sus activos era muy inferior a monto de las deudas con sus acreedores.
Ahorradores afectados por las operaciones irregulares de la financiera han exigido al Gobierno de México la devolución íntegra de su dinero, argumentando que ellos entregaron sus ahorros a una institución autorizada y regulada por el Ejecutivo a través de la CNBV.
Con información de EFE.
