La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Arturo de Jesús Peimbert, por ejercer violencia institucional en contra de la saxofonista María Elena Ríos, que fue atacada con ácido en Huajuapan de León, en Oaxaca.
Por medio de una recomendación, la CNDH acusó a las autoridades de incumplir su obligación de atender e investigar la violencia contra las mujeres, y por vulnerar el acceso a la justicia en la modalidad de procuración con perspectiva de género en el caso de María Elena Ríos, por lo cual, tanto el Gobierno del estado como la Fiscalía estatal deberán realizar un reconocimiento público de responsabilidad y ofrecerle una disculpa pública.
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La CNDH determinó que los familiares de la saxofonista –que fue atacada el 9 de septiembre de 2020 por su expareja, el exdiputado local Juan Vera Carrizal– también son víctimas indirectas y que fueron revictimizadas durante el desarrollo de las investigaciones judiciales para esclarecer la agresión.
Sobre este caso la Comisión atrajo el caso que se encontraba en estudio de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y por el cual la FGE integró tres carpetas de investigación.
La primera se inició por el delito de lesiones calificadas, pero fue reclasificado a feminicidio en grado de tentativa; la segunda, promovida por la víctima por delitos contra la intimidad sexual; y la tercera, por tráfico de influencias y por el delito de concusión, que se refiere a la exigencia de pagos y beneficios extra legales por parte de servidores públicos.
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La CNDH agregó que en Oaxaca se activó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG M) desde el 30 de agosto de 2018 por violencia feminicida, y que en dicha declaratoria, se consideró a la ciudad de Huajuapan entre las localidades que requieren la implementación de acciones de emergencia.
“No obstante, hay incumplimiento del gobierno de la entidad sobre las medidas recomendadas en el decreto de la alerta de género, que tiene la finalidad de crear mecanismos eficientes para investigar y sancionar a las autoridades que no realizan su obligación de protección a las mujeres”, agregó la CNDH en su recomendación.
