Por Ana Lucía Hernández
El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, recibirá hasta el 30 de marzo al grupo de damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 que este martes se movilizó para denunciar que las autoridades capitalinas buscan privatizar la reconstrucción.
En una minuta enviada al grupo de Damnificados Unidos, Javier Alberto Hernández Plata, director general de Coordinación Política, Prevención y Buen Gobierno, informó la respuesta oficial.
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“Realizar una mesa de atención con el Secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, el día 30 de marzo del año en curso, en horario por confirmar vía telefónica próximo a la fecha”, detalla la minuta.
El documento también establece que la fecha de la mesa de atención “está sujeta a cambios de último momento”.
Desde las ocho de la mañana el grupo de damnificados se movilizó en calles de la Ciudad de México para exigir a la administración de Claudia Sheinbaum que cumpla con las promesas que hizo durante su campaña electoral. Denuncian que se está intentando privatizar la reconstrucción y que desde la llegada de Batres a la Secretaría de Gobierno, sólo ha participado en una reunión y no hay avances para que cientos de familias puedan recuperar su patrimonio.
“El sismo pegó en zonas de población muy longeva. Hoy por hoy, de nuestro universo de personas damnificadas, más del 80 por ciento son de la tercera edad, hay mucha gente que ha fallecido sin haber regresado a casa (…) El presupuesto para la reconstrucción este año es de aproximadamente de 2 mil 400 millones de pesos, esta cifra es la más baja en los cuatro años que lleva de existencia la comisión”, aseguró a Latinus Fernando Irala, integrante del grupo Damnificados Unidos.
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Los afectados por el sismo de 2017 también exigen que se transparenten los donativos millonarios que hicieron varios países después del sismo y que recibió el gobierno federal.
“Hoy día el gobierno dice que ya no hay dinero y está convocando a constructores a tomar nuestros predios para reconstruir con dinero privado, qué significa, que será un negocio para los constructores, para las empresas, lo que desde el terremoto se evitó”, señaló Mónica Romero, vocera del grupo Damnificados Unidos.
