Foto: Cuartoscuro
Por Montserrat Peralta
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró fallas en la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como inconsistencias en los servicios de escoltas, falta de acreditación de prestación de servicios y deficiencias en la capacitación de los beneficiarios de las medidas de protección.
De acuerdo con la tercera entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2020, realizada este domingo por la ASF, en 136 casos el reporte de activación de alarmas de enero a diciembre de 2020 no se presentó evidencia del funcionamiento de estas ni el uso por parte de los usuarios, tampoco se elaboraron bitácoras de las llamadas de los beneficiarios para su seguimiento.
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En cuanto a las respuestas para la selección de beneficiarios del Mecanismo de Protección, se observaron deficiencias en la capacitación sobre las medidas implementadas. Por ejemplo, las medidas no son proporcionadas dentro de los 30 días naturales después de la aprobación de la Junta de Gobierno y la atención a las fallas reportadas por los beneficiarios tampoco es oportuna.
Sobre la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la ASF determinó que había deficiencias que originaron que no se acreditara que en 2020 la Junta de Gobierno, que ejercía los recursos del fideicomiso, aprobara el Plan Anual de trabajo realizado por la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN).
Además, nunca se revisó que la empresa RCU Sistemas contara con recursos humanos y técnicos para prestar el servicio de protección para el Mecanismo. La compañía indicó que tenía personal subcontratado, pero al realizar una visita domiciliaria, la ASF “comprobó que el personal que otorgó los servicios de escoltas se subcontrató con otra empresa adicional, lo cual no se señalo en el contrato”. También se determinaron inconsistencias en el seguimiento de los servicios de la empresa RCU Sistemas S.A de C.V.
La ASF detectó que no se realizaron los trámites para la extinción del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, aunado a que tampoco se cumplió con el decreto que indicó que los recursos disponibles se concentraran en la Tesorería de la Federación.
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