Por Montserrat Peralta y Tania Rosas
La exdirectora del Metro, Florencia Serranía Soto es investigada por autoridades administrativas de la Ciudad de México.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia realizada por Latinus, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México informó que no puede entregar el acta de entrega recepción de Serranía como servidora pública porque el documento forma parte de un expediente de investigación que está abierto.
La Secretaría de la Contraloría General indicó que, de acuerdo con una resolución del Órgano Interno de Control del Sistema de Transporte Colectivo (STC), no hará pública el acta de entrega recepción hasta que haya una resolución definitiva de la investigación y se determine si Serranía es responsable de alguna falta administrativa o delito como servidora pública. Por esta razón, el Órgano Interno de Control reservó el documento por dos años 11 meses.
El acta de entrega recepción es un documento que los funcionarios están obligados a realizar cuando concluyen sus cargos. El acta debe incluir información como estados financieros, recursos, obras públicas, derechos y obligaciones, trámites e informes de gestión.
Serranía fue directora del Metro de diciembre de 2018, al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, hasta el 28 de junio de 2021. En su periodo se abrieron investigaciones por el colapso de la Línea 12, que dejó 26 muertos, y por el incendio de una subestación eléctrica.
Además, el Órgano Interno de Control del STC detectó inconsistencias en las compras de medicamentos y en el servicio integral de hospitalización de empleados con Covid-19 cuando Serranía era titular del Metro.
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Los contratos investigados se firmaron en 2020, cuando inició la pandemia. A través de adjudicación directa, el Metro le entregó dos contratos a la empresa Clínica de Especialidades BEVI por 118 millones de pesos para el servicio integral de hospitalización de segundo nivel y tratamiento de Covid-19 para los trabajadores y derechohabientes del STC.
El Órgano Interno de Control del STC encontró que la empresa subcontrataba los servicios de laboratorio, lo cual no estaba contemplado en el convenio, por lo tanto el Metro estaba en condiciones de cancelar los convenios.
Además, se encontraron inconsistencias en los documentos que comprueban los servicios, los cuales no tenían elementos que permitieran sustentar que hubo supervisión y aprobación del personal de la Gerencia de Salud y Bienestar del Metro, ya que no había firmas de los servidores públicos responsables de la validación.
“Se identificaron 42 notas de venta correspondientes a 10 pacientes distintos, por un monto de 2 millones 51 mil 459 pesos, cuya emisión se realizó fuera de los periodos de hospitalización registrados por los pacientes respectivos”, detalló la auditoría A-3/2021.
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En la administración de Serranía también se firmaron tres contratos que el Metro adjudicó por el servicio de ortopedia, suministro de medicamentos, material de curación, complementos alimenticios y productos dermatológicos.
De acuerdo con las auditorías, estos servicios tuvieron irregularidades como la subcontratación de personal, medicamentos facturados y no localizados y falta de constancias de no adeudo de contribuciones por parte de los proveedores.
