Por Tania Rosas
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ha puesto en alerta a los sistemas estatales que combaten la corrupción.
Los presidentes de los sistemas de Jalisco y de la Ciudad de México, Jesús Ibarra Cárdenas y Edgar Téllez, respectivamente, advierten en entrevista con Latinus que el modelo del presidente provocará un “efecto dominó” negativo que se replicará en las entidades federativas y pondrá en riesgo las estructuras que buscan prevenir, combatir y castigar la corrupción.
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“Va a venir muy bien para muchos gobernadores seguir el ejemplo de López Obrador. El presidente le está dando un balazo en el pie al interés público, está alejando las vías institucionales para conocer lo que está ocurriendo en su gobierno, sobre todo en la parte de tráfico de influencias, de conflicto de interés. Al desaparecer la Secretaría Ejecutiva desaparecería información muy valiosa para hacer análisis de datos”, explica Ibarra Cárdenas.
El presidente del Comité de Participación Social de Jalisco y del Sistema Estatal Anticorrupción, agrega que la propuesta de López Obrador “tendría consecuencias lamentables” porque se desmantelaría el modelo de combate a la corrupción que se tiene actualmente para darle paso a la opacidad, el conflicto de interés y la descalificación de adversarios políticos.
La falta de presupuesto, el desinterés de las instituciones y las amenazas provenientes de gobernadores con quitar facultades a los sistemas anticorrupción estatales son una constante. En 2021, al menos 13 sistemas locales anticorrupción no operaron al 100% por falta de recursos públicos o de integrantes.
A estas amenazas se suma la posibilidad de que desaparezcan las secretarías ejecutivas de los sistemas locales, que al igual que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, son instancias técnicas que miden y evalúan los avances del combate a la corrupción.
La propuesta presidencial de eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA tiene como pretexto la austeridad, aunque esta oficina ha trabajado con menor presupuesto año con año. En 2017 se le etiquetaron 228 millones de pesos y en 2022 fueron 123 millones.
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Entre otras tareas, la Secretaría Ejecutiva se encarga de la operación de la Plataforma Digital Nacional que permite procesar datos para prevenir e identificar actos de corrupción. Esta herramienta digital, aún incompleta, pretende que cualquier ciudadano pueda analizar la evolución patrimonial de los funcionarios, consulte a los sancionados y analice contratos otorgados por instituciones públicas.
“Muy poco se va a lograr en el control de la corrupción si no tenemos esa información que es fundamental, lo demás no es más que pirotecnia política, discurso, narrativa de que se está buscando combatir la corrupción. Sin datos, sin políticas públicas serias no vamos a llegar a ningún lado y la verdad es que es lamentable porque si hubo problemas en el sexenio pasado, en este sexenio definitivamente se estaría enterrando este esfuerzo”, añade Ibarra.
Por su parte, Edgar Téllez Padrón, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, destaca que el proyecto de iniciativa presidencial va contra el espíritu de la ley, que busca empoderar a la ciudadanía.
De prosperar esta propuesta, agrega, en automático se tendría que dar un plazo determinado para que todas las entidades federativas modifiquen sus leyes locales y desaparezcan sus secretarías ejecutivas, de esta forma sólo quedaría un secretario técnico dependiente de los consejos de participación ciudadana.
