EFE.- La Corte Suprema de Estados Unidos decidió ocuparse de un intento del gobierno del presidente Joe Biden por poner fin a la política “Quédate en México” de su predecesor, Donald Trump, por la cual decenas de miles de migrantes han sido enviados a aguardar en México el desarrollo de sus solicitudes de asilo.
Trump instauró los llamados Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), política informalmente conocida como “Quédate en México“, a principios de 2019, obligando a que los extranjeros que llegan a la frontera pidiendo asilo aguarden el curso de sus trámites en México.
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A poco de llegar a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden rescindió esa política, pero el juez federal Matthew Kacsmaryk, en Texas, dictaminó que el Gobierno federal violaba la ley de inmigración y no había explicado de manera adecuada sus razones para cancelar MPP.
En cumplimiento del mandato judicial, la administración de Biden reinstauró la política en diciembre pasado luego de negociar su aplicación con el Gobierno mexicano, pero ha apelado a la Corte Suprema para que emita una decisión definitiva.
Los críticos de MPP sostienen que la política viola las leyes estadounidenses e internacionales que amparan a quienes buscan asilo y deberían ser aceptados en el país hasta una audiencia ante un tribunal de migración.
Asimismo, quienes abogan por los inmigrantes han indicado que esos solicitantes de asilo se quedan en campamentos en la frontera mexicana, en condiciones sanitarias precarias y expuestos a la violencia de bandas criminales.
En agosto pasado la Corte Suprema ya rechazó la solicitud de Biden para que se suspendiera el dictamen del juez Kacsmaryk mientras continuaba el litigio.
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Aunque el litigio continúa en el ámbito del Poder Judicial, el caso tiene claras connotaciones políticas: los cuatro jueces de instancias previas que han dado fallos negativos para el gobierno de Biden, incluido Kacsmaryk, fueron designados por presidentes republicanos.
Cuando en agosto pasado la Corte Suprema desechó la solicitud de Biden, los únicos disidentes fueron los tres jueces designados por presidentes demócratas.
Las audiencias para escuchar los argumentos de ambas partes ocurrirán en abril y se espera una decisión antes de que concluya este periodo de sesiones del Supremo en julio.
La decisión del máximo tribunal de aceptar para revisión el caso fue recibida con beneplácito por organizaciones defensoras de los inmigrantes.
“Celebramos que la Corte Suprema esté tratando la apelación del Gobierno de Biden con la urgencia que merece”, dijo Melissa Crow, directora de litigios del Centro para los Estudios de Género y Refugiados (CGRS), en un comunicado.
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El fallo del tribunal inferior que ordena la reinstalación de MPP “distorsiona flagrantemente la ley y ha provocado caos y sufrimiento en la frontera”, añadió.
A su vez, Amber Qureshi, abogada del National Immigration Project, consideró que la decisión de la Corte “afirma la responsabilidad del Gobierno de Biden de poner fin a la destructiva política de Quédate en México, pero incluso este paso crucial no es suficiente”.
“El Gobierno debe asegurar que cada individuo dañado por esta política tenga una oportunidad significativa de presentar su caso de asilo”, añadió.
Por su parte, Erin Thorn Vela, abogada de Texas Civil Rights Project, declaró: “Seamos claros, la oportunidad ante la Corte Suprema es la de defender los valores de la vida humana y la dignidad que nuestro país profesa valorar, revirtiendo el fallo anterior, que ordena una crueldad absoluta”.
