Por Tania Rosas
El coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al considerarlos responsables de los “ataques sistemáticos” a periodistas desde el Ejecutivo Federal.
Entre los argumentos se precisa que el periodista Carlos Loret de Mola ha sido atacado desde el Ejecutivo Federal tras revelar, en Latinus, que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, vivió en una mansión en Houston que era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa que tiene contratos con Pemex. Posteriormente, López Obrador exhibió los ingresos que supuestamente tuvo el periodista en 2021.
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“Queda en evidencia el uso faccioso de las instituciones, así como el abuso de autoridad por parte del presidente de la República para perseguir a los periodistas críticos que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflicto de interés de sus familiares directos. Las instituciones públicas no deben de ser utilizadas de manera política, deben de utilizarse para servir a las y los ciudadanos”, dice la queja dirigida a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra.
El legislador considera que con su actuar, el presidente violentó la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el Código Fiscal de la Federación.
“Resulta crucial que la Secretaría de Gobernación, al tener la obligación de operar el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, garantice el correcto funcionamiento del mismo, así como la integridad de las personas periodistas en el desempeño de sus funciones”, añade en su denuncia a la CNDH.
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Álvarez Máynez recontó ataques a otros periodistas, mientras Reporteros Sin Fronteras refiere que México es el país “más mortífero del mundo para la prensa”.
“Se considera que existen múltiples elementos que pudieran acreditar violaciones a los derechos humanos de las personas periodistas en nuestro país. Lo anterior dado que en lo que va el 2022 han sido asesinados cinco comunicadores y periodistas de nuestro país; el Presidente de la República atenta de manera reiterada y sistemática en contra de la libertad de expresión y de prensa haciendo uso de las instituciones públicas de manera facciosa”, recalca.
