EFE.- Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el enorme poder que conserva la Iglesia Católica haya logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial.
Una influencia política y social intimidatoria que se refleja en las cifras: pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias -apenas un millar-, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Las cifras se mantienen pese a que, en 2019, el centro de pensamiento británico Child Rights International Network (CRIN) pronosticó una reactivación gracias a la implicación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en diciembre de 2020 anunció un programa de defensa de las víctimas.
Lo cierto es que, desde entonces, la polémica ha casi desaparecido del foco mediático y legal debido, según algunos expertos, a la pandemia de la Covid-19, pero sobre todo a la efectiva acción de la jerarquía eclesiástica que ha redoblado una estrategia basada en el ocultamiento, el miedo a desatar conflictos familiares, la vergüenza y distintos estigmas sociales hacia la homosexualidad, un prejuicio todavía muy extendido en todo el continente.
“La verdad es que incluso la Fiscalía ha bajado mucho la intensidad de la persecución, lo que es curioso”, explica a EFE el chileno José Andrés Murillo, víctima del ya fallecido sacerdote Karadima, al que el Vaticano condenó en 2011 por los abusos cometidos entre 1980 y 2006 y quien murió sin rendir cuentas a la justicia civil.
“Hablando de Chile, probablemente en términos absolutos no vivimos lo más grave, pero sí tuvo un nivel de publicidad mucho mayor porque hoy día la gente tiene mayor conciencia. Pero en Bolivia, en Paraguay, en México, en Brasil, en El Salvador, el poder que tiene la Iglesia Católica es realmente alucinógeno y muy peligroso”, advierte.
México cuenta con una larga historia de pederastia que fue escenario de uno de los escándalos más mediáticos: el que protagonizó el padre Marcial Maciel (1920-2018), fundador de los Legionarios de Cristo, una de las órdenes más extendidas, ricas e influyentes del mundo. Desde entonces y, según datos de la Conferencia del Episcopado Mexicana (CEM), al menos 271 sacerdotes han sido investigados por abuso sexual “sin que halla consecuencias” explica EFE Cristina Sada Salinas, activista social en contra de los abusos clericales del estado de Nuevo León.
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Maciel fue acusado de abusos sexuales decenas de seminaristas, una denuncia que abrió la puerta a que en 2019 la cantante Ana Lucía Salazar revelara que también había sufrido abusos entre 1991 y 1993 en un colegio de los Legionarios en Cancún. “Lo que hicieron fue lo que hacen siempre, se llevaron (al clérigo acusado) de Cancún. De la noche a la mañana ya no estaba”, explica Bani López, quien denunció a la misma escuela y cuyo único deseo es que la orden desaparezca.
“Por cada víctima que conocemos, probablemente hay 50 o 100 más”, insiste Sada Salinas, para quien la reparación nunca podrá llegar sin el reconocimiento de la grave situación en el interior de múltiples instituciones religiosas de México, un país profundamente creyente.
“Ojalá algún día la Iglesia se transforme en un refugio para las víctimas y no en un refugio para los abusadores como es hoy en día. Y así seríamos aliados”, subraya con un retazo de esperanza entre tanto pesimismo el chileno Murillo.
En cuanto a la situación sobre abusos en Colombia, se habla de encubrimiento, connivencia y poder eclesial como los términos que destacan también víctimas e investigadores colombianos, a pesar de que la Iglesia Católica reconoció en 2019 más de un centenar de casos cometidos por sacerdotes.
En Nicaragua, el caso de Marco Dessi, un sacerdote italiano juzgado y condenado en Italia por abusar de seis menores de edad en la provincia Chinandega, donde vivió 30 años, muestra cómo esa poder eclesial se proyecta a través de una veneración casi mística, que ejerce de escudo protector, especialmente entre las clases más pobres.
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En Argentina, país de origen del papa Francisco, también es uno de los territorios latinoamericanos donde han habido diferentes casos por abuso sexual. Durante años, la Iglesia argentina trató de obviar las denuncias de abuso sexual a menores, optando por el silencio más estricto.
