Un grupo de accionistas de valores públicos de la petrolera transnacional Baker Hughes, encabezados por Juan Carlos Luna, exigió a los altos ejecutivos de la empresa realizar una investigación por un posible conflicto de interés que pudiera derivarse del caso del hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien vivió en una casa en Houston, Texas, propiedad de un exdirectivo de la compañía.
El requerimiento fue planteado a través de una misiva, fechada el 9 de febrero pasado y firmada por Luna, que fue dada a conocer por el escritor Jorge Castañeda.
Luna señaló que el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, y la esposa de éste, Caroline Adams, ocuparon una propiedad del Keith Schillings, exdirectivo de la petrolera, durante el período comprendido entre 2019 y 2020, “coincidiendo con el momento en que Pemex otorgó importantes extensiones e incrementos de costos a los contratos con Baker Hughes“.
La carta también se envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), con el fin de “ampliar su conocimiento de este asunto”.
“La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenos. Estos, al menos, crean la percepción de un posible conflicto de intereses y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes. Por tal motivo, se justifica una denuncia y es necesaria una investigación“, estableció el accionista en la carta.
Señaló que los contratos referidos que Baker Hughes tiene con Pemex “son un hecho conocido y también debe tener información sobre el proceso de vía rápida que se llevó a cabo, sin licitación pública, ni procedimiento estándar dentro de Pemex y los procesos de aprobación laxos bajo los cuales ocurrieron dichas prórrogas”.
Sobre el comunicado, emitido el 31 de enero por Baker Hughes en el que reconoció que la casa de Houston perteneció a un exempleado, el accionista de valores públicos señaló que éste “careció de suficiente claridad, profundidad, información y compromiso para investigar más a fondo este tema delicado”.
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“El impacto negativo sufrido por los inversionistas por malas acciones pasadas, el daño a la reputación corporativa y las consecuencias legales y monetarias enfrentadas en acciones corruptas pasadas es motivación suficiente para dar la debida visibilidad y actuar de inmediato para explicar esta situación en detalle”, reiteró.
El asunto fue dado a conocer por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el 27 de enero, en un reportaje conjunto que señaló que José Ramón López Beltrán y su esposa vivieron, entre 2019 y 2020, en una casa que es propiedad del exejecutivo de la empresa con la que Pemex tiene contratos vigentes por 151 millones de dólares.
