Alina Navarrete Fernández/Corresponsal
El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, exigió a los sobrevivientes de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala presentar públicamente sus identificaciones oficiales, rostros, así como voz no distorsionada para validar sus testimonios.
Lo anterior se a conocer mediante un comunicado firmado por el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa que integran jóvenes exestudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” que estuvieron en Iguala durante la masacre que causó el asesinato de los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, mientras que otros 43 fueron víctimas de desaparición forzada.
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“Somos los más interesados en obtener justicia y verdad lo cual consta en las carpetas de investigación en poder de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). Sin embargo, el día de hoy vivimos un acontecimiento que no abona en el acceso a la justicia, sino todo lo contrario”, se lee en el comunicado.
El Colectivo detalló que los sobrevivientes se presentaron ayer ante Enrique Beltrán “con la finalidad de testificar y ratificar nuestras declaraciones, ya presentadas ante la UEILCA”, pero el juez “en conjunto con la parte acusada amedrentó, señaló y exigió a las víctimas presentar públicamente (…) sus identificaciones oficiales (INE), mostrar rostros y voz no distorsionada para que pudieran ser tomadas en cuenta sus declaraciones”.
Durante la visita estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Precisaron que el material citado debía ser presentado ante “Ministerios Públicos, abogados defensores de los imputados en el caso (actores materiales e intelectuales de la desaparición de nuestros 43 compañeros y de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero)”.
En ese sentido, el Colectivo señaló que hay una violación “a los convenios internacionales de derechos humanos y los mecanismos de protección a víctimas, ratificados por el Estado Mexicano, como el de identidad reservada que guardan todas las víctimas declarantes de este hecho y cualquier hecho similar”.
Además, se expone a las víctimas a “represalias futuras por los implicados, esto nos demuestra la poca sensibilidad que tienen los sistemas judiciales en México con la protección a víctimas, pues el procesado cuenta con debido proceso, pero no la víctima, pues el que se presente ante el Juez a exigir justicia crea duda, que debe ser sometida al escrutinio no solo del Juez, sino de los defensores, debiendo de acreditar no sólo identidad, sino domicilio”.
“Ya es bastante el comparecer ante un juez a ser cuestionados si somos o no sobrevivientes, sino ahora develar nuestro domicilio para que cualquier persona sepa dónde buscarnos para ser sujetos de represalias”.
Finalmente, el Colectivo exigió al Estado Mexicano “prestar las medidas necesarias para la protección a víctimas en el Caso Ayotzinapa, asimismo la intervención de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos para vigilar las acciones sobre las víctimas”.
