El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar y hacer públicos la información íntegra sobre el homicidio de 72 migrantes y de los 193 cuerpos hallados en San Fernando, Tamaulipas en 2010 y 2011, respectivamente; así como los documentos de los restos de 49 personas halladas en Cadereyta, Nuevo León en 2012.
Luego de que se solicitara a la FGR una versión digital y gratuita de toda la documentación de la Comisión Forense sobre los restos encontrados en dichas localidades, las autoridades entregaron una versión de más de 9 mil 26 páginas junto con copias simples y certificadas, las cuales no contenían la información específica que se requirió.
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Por lo anterior, la persona solicitante se inconformó con la respuesta de la FGR por los costos de la reproducción de miles de copias, además por la confidencialidad de datos personales que eran necesarios en la documentación.
En consecuencia de lo anterior, la parte que solicitó los expedientes de la comisión requirió al INAI revisar los documentos entregados para justificar la confidencialidad de ciertas partes de la investigación.
En primera instancia, el INAI reconoció que las constancias solicitadas contienen nombres de agentes y peritos que por seguridad se pueden reservar por las funciones que desempeñan en ambos casos.
Sin embargo, luego de una revisión en las recomendaciones 80/2013 y 8/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se determinó que dicha información debía ser pública. Lo anterior por “aludir a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.
“Es innegable que los nombres, edades, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, perfiles genéticos, huellas dactilares y fotografías de las víctimas, pero también de los ofendidos, de sus familiares y de los testigos, son datos personales que en principio tienen el carácter de confidencial”, dijo ante el pleno del INAI el comisionado Adrián Alcalá.
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“Sin embargo, en el proyecto que se propone, se observa lo resuelto por la segunda sala de la SCJN en el amparo en revisión 998/2018, en donde se determinó dar acceso íntegro al expediente derivado de la recomendación 51/2014 que reclasificó al caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves de derechos humanos”, añadió.
Por lo tanto el INAI determinó que la FGR deberá incorpora la información solicitada a la Plataforma Nacional de Transparencia. Tanto del homicidio de los 72 migrantes y los 193 cuerpos de San Fernando como de los 49 restos encontrados en Cadereyta, esto correspondiendo a sus obligaciones de transparencia.
