Por la tarde de este sábado, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de un predio ubicado en el municipio de Santa Ana, al norte del estado, que era utilizado como crematorio clandestino, y en el que se encontraron una fosa con restos óseos calcinados y dos osamentas.
Madres Buscadoras de Sonora informó que encontraron el crematorio clandestino luego de un aviso anónimo que indicó que en un terreno ubicado en las inmediaciones del Ejido San Vicente, pasando la Laguna de los Abuelos, en el Km. 3 de la carretera Santa Ana – Ejido El Claro, se encontraban unos hornos que, señaló la organización, eran utilizados para incinerar personas.
El colectivo reportó este domingo que pese a los trabajos en el predio emprendidos desde el sábado, hasta el momento es “incuantificable” la cantidad de los restos en el lugar.
Ayer por la noche, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora difundió un comunicado en el que notificó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Santa Ana acompañaron a los integrantes del colectivo Madres Buscadoras tras reportar el hallazgo en Santa Ana.
Por su parte, Servicios Periciales de la FGJE recuperó los indicios que había en el sitio, los restos óseos, que al parecer fueron pasados por fuego y las dos osamentas completas, y se notificó también que las pruebas genéticas para determinar su identidad estarán a cargo del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF).
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que el fenómeno de la desaparición de personas en el país persiste y presenta omisiones y rezagos, pese a que en enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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“Cuatro años después (de la entrada en vigor de la Ley General), los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones”, expresó la ONU-DH mediante un comunicado difundido el 18 de enero pasado.
La ONU-DH señaló que en cuanto a la implementación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y a cuatro años de su entrada en vigor, aún quedan importantes aspectos rezagados que urge atender, como que la mayoría de los estados aún carecen de una política pública en materia de desaparición de personas, y acusó la falta de colaboración por parte de la mayoría de las fiscalías en la responsabilidad estatal de buscar a las personas desaparecidas.
“Estas omisiones, incumplimientos y retrasos de los actores estatales repercuten negativamente en los derechos de las víctimas, en quienes sigue recayendo indebidamente, en ocasiones a costa de grandes riesgos, la carga de buscar a sus familiares e incidir en el aparato de procuración de justicia para que cumpla con identificar y sancionar a los responsables”, manifestó la entidad.
