Reuters.- El primer ministro de Perú, Héctor Valer, dijo este miércoles que espera consultar al país en la elección presidencial del 2026 si se quiere una asamblea para una nueva Constitución, una promesa de campaña del presidente izquierdista Pedro Castillo.
Valer, designado sorpresivamente el martes como el nuevo jefe del gabinete de ministros de Castillo, afirmó que con ello se evitaría un clima de violencia como en otros países de América Latina por una reforma de la Constitución.
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Es necesario “implementar un mecanismo de concientización en el país respecto a una asamblea constituyente, que no debe ser de la noche a la mañana, sino un proceso de maduración”, dijo Valer a la radio RPP, tras sumarse al gobierno luego de una remoción de casi la mitad del gabinete de Castillo, que lleva poco más de seis meses en el poder.
El primer ministro manifestó que durante su gestión buscará hacer cumplir la promesa de campaña de Castillo de cambiar la actual Constitución, vigente desde 1993, favorable al mercado y que ha permitido al país minero registrar altas de crecimiento económico, aunque se han mantenido grandes desigualdades.
Modificar la Constitución, redactada durante el gobierno del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, es desde hace años una de las plataformas de los partidos de izquierda de Perú.
“Nosotros aspiramos a concretarlo (antes de fin de mandato de Castillo)”, refirió Valer, un abogado que pertenece al bloque congresal Perú Democrático, conformado por algunos legisladores disidentes de otros partidos como Perú Libre, que postuló a Castillo en las elecciones presidenciales.
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Valer, miembro del grupo católico conservador Opus Dei y que dice estar a favor de “la ideología del social liberalismo”, liderará el tercer gabinete de Castillo, conformado por una mezcla de políticos conservadores en lo social y político.
Pero llevar adelante esta consulta popular parece un camino empedrado. En enero, el Congreso dominado principalmente por partidos de centro y de derecha aprobó una ley que restringe realizar un referéndum para una reforma constitucional, al señalar que este tipo de iniciativa debe ser aprobada antes por el Poder Legislativo.
Castillo, que ha considerado como “antidemocratico” la decisión del Congreso, ha dicho que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar esta restricción.
La intención de Castillo de llamar a un plebiscito para una eventual nueva Constitución ha sido materia de preocupación entre los inversionistas, que temen se incluya una mayor intervención del Estado en la economía en la Carta Magna.
