Este lunes vence el plazo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) notifique su determinación con respecto a entregar mil 738 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) de la ampliación presupuestal solicitada por el órgano electoral para realizar la consulta de revocación de mandato.
Así lo recordó hoy el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante su participación en el evento en el que el Instituto asumió la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM) para el año 2022.
“Si no recibimos la ampliación presupuestal, el INE únicamente instalará un monto cercano a la tercera parte de las mesas de votación que se podrían instalar si contáramos, por el contrario, con el presupuesto solicitado”, dijo Córdova.
“Sin diálogo, sin respeto por el Estado de derecho, sin la colaboración auténtica, sin simulaciones entre instituciones del Estado, no se puede recrear adecuadamente la democracia”, apuntó.
El INE avaló la solicitud de los recursos adicionales a la Secretaría de Hacienda en su sesión extraordinaria del 12 de enero pasado, en la que también se aprobaron los ajustes presupuestarios internos que permitirán la continuidad del proceso de revocación de mandato, que consisten en ahorros de gastos generales y en el recorte de recursos que eran destinados a otras actividades de la consulta ciudadana.
Con estas modificaciones, el INE acumula un total de 2 mil 91 millones de pesos de los 3 mil 830 millones de pesos que había presupuestado originalmente para realizar esta consulta.
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Esto significa que al INE aún le faltan aproximadamente mil 738 millones de pesos para llevar a cabo la revocación de mandato, monto que corresponde a lo que se solicitó a la SHCP.
El proyecto aprobado en la sesión extraordinaria planteaba que en caso de no recibir respuesta por parte de Hacienda o no se otorguen los recursos solicitados, la Secretaría Ejecutiva del INE deberá hacer un análisis de las implicaciones que se pueden presentar y “pongan a consideración del Consejo General los ajustes necesarios, tanto normativos como presupuestales, para dar cumplimiento a su atribución de organizar el proceso de revocación de mandato con los recursos que cuente”.
