La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, informó este jueves que resolvió once controversias constitucionales relacionadas con la omisión del Congreso de la Unión de expedir la Ley General de Aguas, así como con las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador para disponer del agua de las presas “La Boquilla” y “El Granero” para cumplir un tratado internacional con Estados Unidos.
“El Pleno reconoció la validez de las órdenes del Ejecutivo Federal de disponer del agua almacenada en las presas “La Boquilla” y “El Granero” para dar cumplimiento a un tratado internacional, al considerar que se trata de un acto concreto de dominio sobre aguas nacionales, en ejercicio de una atribución exclusiva conferida a dicho Poder que, por lo mismo, no requiere la participación de las autoridades estatales o municipales”, dice la sentencia.
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Las controversias fueron promovidas por los municipios de Ojinaga, López, Coronado, Santa Bárbara, San Francisco de Conchos, Riva Palacio, Matachí, Guadalupe y Calvo, Chínipas, Maguarichi y Ocampo, todos del Estado de Chihuahua. Sin embargo, los recursos promovidos por Guadalupe y Calvo, Chínipas, Maguarichi y Ocampo se desecharon pues. al no formar parte de la Cuenca del Río Bravo, no tienen interés legítimo para impugnarlas.
Sobre la omisión del Congreso de la Unión de expedir la Ley General de Aguas, a que se refiere el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, la SCJN reiteró “el criterio establecido en siete controversias constitucionales resueltas previamente, en cuanto a que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio”.
“En consecuencia, como parte de los efectos en las controversias en las que se impugnó la referida omisión legislativa, la SCJN nuevamente conminó al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones”, dice la sentencia.
La Corte determinó suspender el procedimiento judicial respecto de la falta de reglamentación por parte del Ejecutivo Federal de la Ley de Aguas Nacionales y, en aquellas controversias en las que fueron impugnados, también para aquellas respecto al acuerdo de inicio de emergencia por sequía para 2020 y la utilización de la Guardia Nacional para disponer del agua de ambas presas.
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El 8 de septiembre de 2020, campesinos de Chihuahua tomaron el control de la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, como protesta contra el desvío de agua hacia Estados Unidos para cumplir con el tratado bilateral antes mencionado.
Personal de la Guardia Nacional fue señalado de haber atacado a balazos a un matrimonio que participó en la movilización denominada “Caravana por el Agua”. Ambos murieron.
Un mes después, el 22 de octubre, el gobierno de México logró un acuerdo con Estados Unidos para pagarle el agua que le debía a partir de las reservas que tenía el país para el consumo humano. La cantidad de líquido a pagar fue de 2 mil 155 millones de litros cúbicos.
