Por Tania Rosas
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, afirmó que su trabajo no responde a agendas políticas y que las recomendaciones ya no son a modo ni acordadas con las autoridades; sin embargo, legisladores del PAN, PRD y PRI cuestionaron la autonomía de la ombudsperson y su silencio en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
Al presentar el Informe 2021 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Rosario Piedra habló brevemente, vía Zoom, de casos como el de Giovanni López, el bebé Tadeo, Ayotzinapa y José Manuel del Río Virgen, incluso aseguró que han bajado las quejas contra los militares, 400 al año en promedio. No habló de los feminicidios, del desabasto de medicinas ni de las violaciones a derechos humanos en medio de la pandemia.
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“La CNDH hoy no se confunde, venimos de un largo, muy largo periodo de violaciones a derechos humanos, de impunidad solapada y de simulación en su defensa. Por lo que estamos conscientes de que para superar esa crisis es indispensable actuar y hacer más que hablar. Hemos actuado ajenos a presiones mediáticas que distorsionan la toma de decisiones en aras de intereses que, la mayoría de las veces, poco tiene que ver con el interés de las víctimas”, dijo.
El senador del PAN, José Alfredo Botello, dijo que Piedra Ibarra “está deslegitimada” desde el inicio de su gestión, que su desempeño ha dejado “muchísimo a desear” y no se inmuta “con la pésima gestión que está llevando a cabo el gobierno federal con la pandemia por Covid-19”.
“Un tema en el que quisiéramos ver la actuación de la CNDH es el del desabasto de medicinas. Este es un asunto de vida o muerte y de la Comisión ni sus luces (…) Otro ejemplo de la inacción está en la tolerancia que muestra en torno a la misoginia del gobierno. Los derechos de las mujeres nunca habían sido tan desdeñados por un gobierno como hoy. Con la llegada de la denominada cuarta transformación a Palacio Nacional llegó también el antifeminismo y el machismo más rancio”, declaró.
La diputada del PRD, Elizabeth Pérez, declaró que la falta de imparcialidad y de profesionalismo de Rosario Piedra se ha visto reflejada en su desempeño.
“Su encargo se lo debe al señor presidente y en consecuencia hace lo que a él le conviene, quedando a deber todo lo avanzado en materia de derechos humanos por parte de la sociedad civil organizada (…) La Comisión que preside no puede hoy tener ahorros, no los puede tener cuando hay 96 mil personas desaparecidas de 2018 a la fecha. Más de 100 mil personas que han perdido la vida de manera violenta solo en el sexenio de este Ejecutivo”, dijo.
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La diputada del PRI, Cristina Ruiz, le recordó a la ombudsperson que la CNDH es un organismo autónomo y debe tener independencia en sus decisiones y actuaciones.
El diputado Arturo González, del PVEM, pidió un minuto de silencio por el asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Morena y el PT defendieron la administración de Rosario Piedra.
“Aquellos que hoy pretenden hacer señalamientos contra el gobierno de López Obrador en materia de derechos humanos, son precisamente los que convirtieron a México en un país de ejecuciones y desaparecidos a los que menospreciaron llamándoles daños colaterales” expresó el diputado del PT, Benjamín Robles.
Los casos, desde la militarización hasta el bebé Tadeo
Luego de la que senadora de MC, Patricia Mercado, le cuestionó por la militarización en el país, Rosario Piedra dijo que “2022 no es 2018 y menos 2011”.
“No dejan de llamar la atención cuestionamientos basados en análisis sesgados, como en el que se hace referencia respecto a la militarización. El periodo más crítico de quejas contra la actuación del Ejército es el periodo 2010-2012, años en los que se recibieron 4 mil 600 quejas en la CNDH”, expresó.
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Comentó que de 2013 a 2018 hubo 3 mil 311 quejas contra los militares y de 2019 a 2021 se presentaron mil 277 quejas. La cifras van a la baja, añadió, 400 quejas por año en promedio.
En el caso del encarcelamiento del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, la ombudsperson expuso que se atendió una queja de la familia y la CNDH tuvo contacto con las autoridades locales y con la comisión estatal.
“En el caso del menor muerto, encontrado en el penal de San Miguel, hemos actuado con seriedad y responsabilidad porque la defensa de los derechos humanos que hacemos, que debe hacerse no es mediática ni de competencia por protagonismos. Las preguntas que nos hacemos todos, ¿cómo ingresó un bebé muerto al penal?, ¿para qué querían el cuerpo de ese bebé en el reclusorio?, ¿cómo se hicieron de ese cuerpo y cómo llegó hasta el estado de Puebla? Todas son preguntas que tiene que responder la Fiscalía del Estado de Puebla. Aquí hay delitos que perseguir”, agregó.
