Foto: Cuartoscuro
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad competente para determinar si Morena puede devolver y renunciar a una parte de su financiamiento público, informó este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En un comunicado, la autoridad electoral explicó que solo se pueden renunciar a las prerrogativas que aún no han sido transferidas, además de que los recursos deben ser utilizados para los fines que solicitan los partidos.
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“A propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales y de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, la Sala Superior reiteró que el Consejo General del INE es la única autoridad competente para resolver las peticiones de los partidos para renunciar y devolver su financiamiento público”, señaló el Tribunal Electoral.
Detalló que los asuntos relacionados con la renuncia y/o retención de financiamiento público deben ser conocidos por el máximo órgano directivo del INE, ya que este es el encargado de verificar que se cumpla con la normatividad en las cuestiones relacionadas con las prerrogativas de los partidos políticos.
Esto a respuesta a la petición de Morena de usar parte de su financiamiento para la compra de vacunas contra la Covid-19.
El 12 de enero pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó la devolución de 547 millones 726 mil pesos de prerrogativas de Morena, por lo que el presidente del partido, Mario Delgaldo, calificó la acción de absurda.
“Es increíble que el Instituto Electoral se niegue a aceptar la devolución, aun cuando no hay ninguna disposición de ley que lo impida. Es absurdo que un partido quiera regresar recursos y no lo permitan”, expuso el líder morenista en un comunicado.
El Consejo General del INE determinó la imposibilidad de los partidos para devolver las prerrogativas a las que tienen derecho una vez que ya les han sido entregadas.
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En sesión extraordinaria, los consejeros aprobaron por mayoría que una vez que los institutos políticos reciben sus prerrogativas, estas pasan a formar parte del patrimonio de los entes públicos y el ejercicio de los recursos queda sujeto a los procesos de fiscalización que la Constitución y la Ley Electoral prevén.
“Se está pretendiendo devolver un dinero que no se ejerció y que por alguna extraña circunstancia no se devolvió por la ruta o no se dejó de ejercer por la ruta correspondiente”, dijo el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova.
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