La ministra Ana Margarita Ríos-Farjat propuso a la Primera Sala de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de sentencia con el cual se revoca el amparo otorgado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien apeló la condena en su contra de nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
En el proyecto, la ministra Ríos-Farjat también propone que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dicte una nueva resolución en el caso, ya que este le había concedido la medida cautelar a Duarte porque el exgobernador no ratificó su decisión por escrito.
Se prevé que la SCJN vote este proyecto durante esta semana y, en caso de aprobarse, quedará invalidada la ratificación de los nueve años de cárcel que resolvió la magistrada federal Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, el 18 de mayo del 2020.
Javier Duarte recibió dicha sentencia luego de aceptar su culpa por los delitos que le fueron imputados, a cambio de que se le fijara una sanción reducida.
Sin embargo, la defensa del exfuncionario apeló la sentencia meses después, por lo que el caso fue admitido a trámite ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a su vez ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte dar trámite al reclamo de los abogados de exgobernador Duarte.
En respuesta a la apelación, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada en ese entonces por Santiago Nieto, señaló que Javier Duarte aceptó la pena de cárcel impuesta, por lo que dicha sentencia no podía ser revisada.
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La magistrada Ana Margarita Ríos-Farjat retomó este hecho en su proyecto de sentencia al ordenar que se evalúe si el juez de control siguió los lineamientos para hacer ver a Duarte las implicaciones de no apelar la sentencia, cosa que había hecho en un principio.
“El órgano jurisdiccional debe asegurarse de que obre constancia al momento de la ratificación del desistimiento respecto de lo siguiente: (i) Que se acredite plenamente la identidad de quien desiste; (ii) Que se informe a la persona de las consecuencias que conlleva el desistimiento de un recurso de apelación en contra de una sentencia; y (iii) Que además sea patente que la persona entiende las consecuencias del desistimiento”, señala la ministra en su proyecto.
Lee aquí el proyecto de sentencia.
