Un total de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, son juzgadas a partir de este lunes en Cuba en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, según datos recopilados por activistas.
El colectivo Justicia 11J asegura que se trata de tres juicios, que se celebran en Mayabeque y La Habana, y que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel.
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La fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición, indican los activistas.
Las autoridades judiciales de Cuba no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Además las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.
El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión.
En este juicio, los activistas han detectado que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos, la fiscalía de Cuba solicita 15 años de cárcel. La agencia de noticias Efe solicitó un posicionamiento al respecto a la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés) y por el momento no ha obtenido respuesta.
En Cuba la edad penal mínima son 16 años. El Código Penal contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas menores de edad. Para los condenados entre 18 y 20 las condenas se pueden rebajar en un tercio.
En la provincia de Mayabeque, al oeste de Cuba, se realizarán dos juicios esta semana, ambos en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. En el primero, entre este lunes y el miércoles, 15 personas se enfrentan a hasta 14 años de cárcel; en el segundo, el jueves, 7 personas afrontan penas de hasta 15 años.
Varias asociaciones civiles han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.
Las autoridades judiciales de Cuba aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales, niegan que se trate de procesos políticos y subrayan que juzgan sólo delitos violentos y actos de vandalismo.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, hizo este lunes una referencia indirecta a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que en la isla “no hay presos políticos” y que los cubanos “pueden manifestarse libremente” en contra de la revolución.
Según Prisoners Defenders, una organización no gubernamental española que defiende los derechos humanos en Cuba, al menos 842 personas se encontraban presas en ese país a finales de 2021 por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos, afirma esta asociación, hay 26 niños de entre 14 y 17 años.
Por su parte, la organización cubana Cubalex ha identificado en su último recuento un total de mil 377 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellos, 727 (de los que 15 son menores) siguen arrestados. Otros 361 han sido juzgados en procesos sumarios u ordinarios.
Con información de EFE.
