Por Alina Navarrete Fernández/Corresponsal
El presidente de Movimiento Alternativa Social (MAS), Enrique Paredes Sotelo, solicitó la separación “temporal” del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, ante el riesgo de que filtre información oficial a grupos del crimen organizado.
A través de un documento con fecha del 13 de enero, Enrique Paredes hizo la solicitud al director de Operación y Seguimiento Sur 4 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alejandro Govinda Riquelme Pastoressa, quien funge como secretario técnico de la Mesa.
En el documento, se expone que Cuauhtémoc Blanco está siendo investigado por la Delegación de la Fiscalía General de la República dentro de la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/023/2022, así como en la Fiscalía de Morelos, por lo que su presencia en la Mesa “puede frustrar el resultado de la investigación“.
Además, en la Mesa “se comparte información e incluso evidencias para el combate a la delincuencia organizada en Morelos y el Gobernador pudiera estar utilizándola para favorecer a algunos de los grupos con los que aparece fotografiado”.
Lo anterior, alude a la fotografía en la que Cuauhtémoc Blanco posa con líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos y del grupo delincuencial “Los Tlahuicas“; misma por la cual 11 diputados locales de oposición lo denunciaron ante la FGR, la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con Enrique Paredes, la posible filtración “incluso se reafirma con los señalamientos que se hacen contra él en las mantas, generando además sospecha fundada de que el mismo acceso a la información que tiene (Cuauhtémoc Blanco) en esa Mesa pudiera frustrar el resultado de las investigaciones que tanto la FGR como la FGE realizan en las que se le señala como posible autor o partícipe de hechos que la ley prevé y sanciona como delito”.
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Las referidas mantas fueron desplegadas en Cuautla, Oaxtepec y Puente de Ixtla, en las que se acusa a Cuauhtémoc Blanco de pactar con la delincuencia organizada y se le amenazó con revelar “datos exactos” del asesinato del activista Samir Flores. También se adjudicaron el homicidio del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López Palacios.
