Reuters.- Fortalecer la confianza es fundamental para que el sector empresarial se vuelva más dinámico y se realicen las reformas económicas necesarias para potenciar la recuperación de América Latina y el Caribe pos-Covid, reveló el jueves un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el informe “Confianza: la clave para la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe” la desconfianza es un problema que limita el desarrollo socioeconómico de la región y afecta la capacidad de sus países para resolver retos complejos, como el cambio climático.
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Nueve de cada diez personas en la región desconfían del prójimo, según el estudio que encontró niveles de confianza equivalentes a una cuarta parte a los de países desarrollados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Promover la confianza mediante una mayor transparencia e instituciones más sólidas debería ser una prioridad en la agenda política de América Latina y el Caribe. Colocar la confianza en el centro de la toma de decisiones gubernamentales reavivaría significativamente el desarrollo en la región”, dijo en un comunicado el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.
“Mayor confianza significa menos burocracia que daña a los negocios, a las inversiones y a la innovación. Significa gobiernos más transparentes, comprometidos en cumplir sus promesas y a rendir cuentas”, agregó.
Para Claver-Carone la confianza también permite a los ciudadanos aportar su voz y opiniones para participar activamente en las democracias apoyando la construcción de sociedades más inclusivas.
Los países con mayor confianza tienden a gozar de mayores niveles de productividad, mientras que aquellos donde los índices son bajos poseen una economía informal más grande en relación con su Producto Interno Bruto (PIB), según el informe.
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Altos niveles de confianza producen democracias más sólidas, aumento del emprendimiento y la innovación, mayor crecimiento de empresas y contratación de empleados. De igual manera, alza la recaudación de impuestos, ayuda al aumento de la inclusión financiera de las personas e incrementa la demanda de bienes públicos como la educación de calidad, de acuerdo con el estudio del BID.
Los gobiernos deben reducir las brechas de acceso a la información invirtiendo tanto en organismos reguladores de primer nivel como en educación poniendo más información a disposición de los ciudadanos para empoderarlos y disuadir conductas poco fiables, según la investigación del BID.
