Alina Navarrete Fernández/Corresponsal
Las diputadas de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Nora Velázquez Martínez y Beatriz Mojica Morga, presentaron ante el Pleno del Congreso de Guerrero una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, para establecer la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación.
En sesión, Citlali Calixto citó varios casos de mujeres víctimas de violencia de género y violaciones sexuales que, por distintas circunstancias, tuvieron hijos no deseados ni planeados. “Las mujeres somos diversas, todas tenemos nuestras propias realidades, yo misma les confieso, quizá, nunca tendría un aborto. Sin embargo, no les venimos a hablar desde nuestro lugar de privilegio en esta cultura racista y patriarcal, sino desde las realidades de todas las mujeres”, dijo.
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Detalló que la iniciativa es propuesta por el Grupo Parlamentario de Morena, representado por las tres diputadas que firmaron el documento correspondiente, mismo que fue dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo.
La iniciativa consiste en reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal de Guerrero, en materia de aborto, de manera que el concepto se entienda como “interrupción del embarazo” y no como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”, como actualmente se establece.
Mientras que el embarazo se define como “parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”. Resalta que se incluye el término “persona gestante” en todos los artículos que abordan el tema de la interrupción del embarazo, junto al de mujer.
También se propone reducir las penas a quienes ayuden a abortar a una mujer después de las doce semanas de gestación, de tres años de cárcel a un periodo “de quince días a dos meses de prisión o de cincuenta a cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad”.
Mientras que a las mujeres que se practiquen el aborto o consientan que alguien más las haga abortar, después de las doce semanas de gestación, se les impondría una pena “de quince días a dos meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud, con respeto a sus derechos humanos”; en lugar del periodo de uno a tres años de prisión.
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En cuanto a la responsabilidad penal del delito, se excluye el embarazo resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, “independientemente de que exista, o no, denuncia por dichos delitos previo al aborto”.
Así como en los casos en que “alguna autoridad le hubiese negado previamente, a la mujer embarazada o persona gestante, la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro del plazo de las primeras doce semanas de la gestación”.
En su iniciativa, las morenistas proponen la derogación del tercer párrafo del artículo 158 y el último párrafo del artículo 159; el primero, indican que las autoridades judiciales podrán aumentar las penas, debido a que si se aprueban las reformas quedaría invalidado, y el segundo se elimina porque debe ser incluido en la Ley de Salud, pues establece que los médicos deben brindar información, de manera objetiva y veraz, para que las mujeres tomen la una decisión de manera “libre, informada y responsable”.
Citlali Calixto fue la encargada de dar lectura a la propuesta y con la se busca garantizar los derechos de las mujeres, así como “eliminar los casos de abortos clandestinos y disminuir la tasa de mortalidad por realizar dicho procedimiento de manera ilegal”. La iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia y Salud, mismas que deberán elaborar un dictamen a favor o bien, en contra.
