El líder nacional de Morena, Mario Delgado, acusó este miércoles a los partidos de oposición intentar revertir el Presupuesto de Egresos (PEF 2022) luego de que la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) lo impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Delgado aseguró que la coalición opositora está en contra de los programas sociales de Morena, que aseguró son prioridad en este presupuesto, porque “no les gusta que ahora el dinero se destine a la gente que más lo necesita”, y calificó su intento de interponerse ante la SCJN como una acción de inconstitucionalidad.
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“En Morena estamos muy orgullosos de las y los diputados de nuestro Movimiento por haber aprobado un presupuesto para el bienestar de todas y todos los mexicanos. Este 2022 seguirá la Transformación y los programas sociales”, afirmó.
En cuanto al Presupuesto de Egresos 2022, afirmó que para el país significa una gran noticia, mientras que para los legisladores de la oposición es un “trago amargo”.
Delgado agregó que el presupuesto “continúa encaminado hacia un gobierno austero, que vela por la justicia social y mantiene su política de no endeudamiento y atención prioritaria a quienes menos tienen como se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, sobre todo demuestra que, sin robar nada, el dinero sí alcanza”.
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Los diputados de la coalición Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, informaron este martes que se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año (PEF 2022).
Los coordinadores en la Cámara de Diputados de los partidos, Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI), y Luis Espinosa Cházaro (PRD), acusaron que el PEF 2022 transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado en el artículo 1º constitucional en la reforma de 2011.
Los legisladores refirieron que el presupuesto transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que, apuntaron, buscan proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes del país.
