Este domingo, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa encabezaron, a siete años de su desaparición, una manifestación para exigir a las autoridades la presentación con vida de los normalistas. Las personas se dirigieron hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.
La marcha, conformada por varias centenas de personas, también la integran estudiantes normalistas y organizaciones civiles. Partió de la Glorieta de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, para avanzar sobre la Calzada de Guadalupe hasta la Basílica, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.
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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó a través de sus redes sociales que funcionarios de esta dependencia acompañan a los manifestantes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX notificó a las 10:25 horas que el contingente se desplazaba sobre el carril derecho de Calzada de Guadalupe, y recomendó a los automovilistas como alternativas viales el Eje Central y la avenida Congreso de la Unión.
El pasado 15 de diciembre, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), consideró que las autoridades mexicanas han quedado a deber en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho a deber”, declaró Fernández-Maldonado en un evento virtual.
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El funcionario participó en la presentación del informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que se dedica a la defensa de derechos en Guerrero, estado del sur de México.
El reporte dedicó un espacio al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, un hecho que aún no se esclarece pese a las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“El caso ha cambiado al país, al estado de Guerrero, a las organizaciones acompañantes y a las familias de las víctimas a siete años de ocurridos los hechos”, indicó Fernández-Maldonado.
La Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la “verdad histórica“, que señalaba que policías en Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula.
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El actual gobierno reabrió la investigación de Ayotzinapa en 2018 y derrumbó esta versión, al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, alejada del basurero.
Aun así, el representante de la ONU-DH destacó “la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación” del caso Ayotzinapa.
