Por Isabella González
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) ocultan la cantidad y características de las armas que han sido aseguradas en hechos delictivos ocurridos en México en los últimos tres años.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no es transparente sobre la información estadística que se utilizó en la demanda que interpuso el 4 de agosto de 2021 en Estados Unidos contra fabricantes y distribuidores de armas en ese país.
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La demanda mexicana, presentada ante una corte federal de Massachusetts, fue construida sobre ese listado que tiene la cantidad y las características de las armas decomisadas, pero la SRE y el Cenapi esconden esta información.
En agosto pasado, el Cenapi, que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), respondió a Latinus que la información sobre el número de armas aseguradas sí existía. El Cenapi señaló que el rastreo de armas de fuego aseguradas en eventos delictivos en México se hace a través del sistema ETRACE, que pertenece a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos de América (ATF, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, agregó que la FGR no podía divulgar información sobre el rastreo de armas de fuego porque firmó un memorándum de entendimiento para el uso del sistema electrónico de rastreos ETRACE.
En otra solicitud de transparencia hecha por Latinus a la SRE, la Cancillería dijo que la información fue buscada en la Jefatura de Unidad para América del Norte, en la Dirección General de Asuntos Especiales (DGAE) y en la Embajada de México en Estados Unidos, pero que no había sido hallada en ninguna de esas áreas.
Tras impugnar su respuesta en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la SRE cambió su respuesta y admitió que la información estaba en la Jefatura de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Después de admitir su posesión, la SRE clasificó la información como reservada por cinco años. Su argumento para no dar a conocer esta lista es que podría afectar el juicio que el gobierno mexicano presentó ante una corte federal en Estados Unidos.
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El pleno del INAI falló a favor de la SRE, sin embargo el comisionado Óscar Guerra Ford consideró que la información estadística creada por el Cenapi tendría que ser pública.
Este ejercicio de transparencia realizado por Latinus se realizó a partir de la demanda civil que el gobierno mexicano, a través de la SRE, presentó en contra de 11 compañías fabricantes de armas de fuego en los Estados Unidos por los daños que éstas causan en el país cuando llegan de manera ilegal.
En la demanda, la Cancillería argumentó que las compañías productoras y distribuidoras diseñan, venden y distribuyen sus armas de manera que son más atractivas para los cárteles de la droga.
