Por Tania Rosas
Las iniciativas ciudadanas en el Congreso de la Unión están en el olvido.
La agenda legislativa, que en la actualidad sólo atiende las iniciativas y los temas enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha cerrado la puerta a las propuestas provenientes de la sociedad civil: desde hace un año ocho meses no se presenta ninguna propuesta ciudadana para reformar la Constitución o modificar las leyes vigentes.
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“Las iniciativas ciudadanas están en pausa por una combinación de varias cosas que ocurren simultáneamente, por un lado, el inicio de un gobierno que llega con un apoyo popular muy importante. Segundo, el propio gobierno arrebatando la bandera de los ejercicios ciudadanos al organizar, a través de sus estructuras clientelares, consultas a modo como la cancelación del aeropuerto, el supuesto juicio a los expresidentes y la revocación de mandato”, explica Marco Fernández, investigador de la organización México Evalúa, en entrevista con Latinus.
El Congreso tiene en la “congeladora” cinco propuestas ciudadanas -tres en la Cámara de Diputados y dos en el Senado de la República- que no aparecen como prioritarias para la LXV Legislatura.
Una de las iniciativas ciudadanas que están detenidas se propuso en 2017 y en ella se plantea eliminar el fuero constitucional, las pensiones o retribuciones, el seguro de gastos médicos mayores para funcionarios y delimitar la protección del cuerpo de guardias presidenciales.
Aunque varios de los puntos están incluidos parcialmente en otras leyes, la iniciativa no se ha desechado de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
Otra propuesta que está en la “congeladora” se presentó en San Lázaro con el objetivo de eliminar las cuotas aplicables de IEPS por enajenación o importación de gasolina, diésel, propano y butano. La propuesta se encuentra en la Comisión de Energía desde noviembre de 2018.
En la Cámara de Diputados también está detenida una propuesta del año pasado para que se apruebe una ley de aguas que garantice el derecho al agua, el saneamiento y la soberanía de los recursos hídricos.
Mientras tanto en el Senado se encuentran dos iniciativas presentadas en 2019. Una plantea disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, y la otra incrementar de 3 por ciento a 5 por ciento el umbral de la votación válida emitida para que los partidos políticos renueven su registro.
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Apenas una iniciativa aprobada en nueve años
Desde 2012, los ciudadanos pueden presentar iniciativas en la Cámara de Diputados o en el Senado. Para hacerlo, requieren de las firmas del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.
En los nueve años de existencia de este mecanismo de participación se han propuesto 16 iniciativas: una fue aprobada por el Congreso, siete fueron dictaminadas en sentido negativo, una fue retirada, dos fueron desechadas y cinco están pendientes de revisión.
La única iniciativa ciudadana avalada, con modificaciones, fue la llamada “Ley 3 de 3”, aprobada después de una intensa presión de la sociedad civil, académicos y empresarios que buscaron impulsar herramientas para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.
La “Ley 3 de 3” impusó que los funcionarios presentaran y publicaran sus declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos; además en la iniciativa impulsada por la sociedad civil se buscó fortalecer como delitos graves el soborno, la malversación, el peculado y el desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión y el nepotismo.
Marco Fernández, investigador y académico que participó en la construcción de la “3 de 3”, confía en que las iniciativas ciudadanas se reactivarán cuando coincidan dos factores: un tema común que quiera empujar la ciudadanía y exista la disposición de los legisladores.
