Alina Navarrete Fernández/Corresponsal
Guerrero “es una de las entidades más peligrosas para ser mujer, sea adulta, joven o niña”, asegura el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su XXVII Informe de Actividades “Tu nombre que nunca olvido”, en el que da cuenta de 193 casos de violencia contra las mujeres en esa región, desde que comenzó la pandemia hasta octubre del 2021.
De manera virtual, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, la integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago, y el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado Castro, presentaron el informe este miércoles.
Tlachinollan registró 75 casos de violencia física, 73 de violencia económica, 26 de feminicidio, 15 de violencia sexual y 4 desapariciones en agravio de mujeres de todas las edades, siendo las más afectadas las del grupo de 19 a 55 años.
“Nuestros registros demuestran que, a partir de las indicaciones de distanciamiento social, el quedarse en casa ha implicado para la mujer un aumento en las posibilidades de riesgo y, por lo tanto, un incremento también en las denuncias y casos que acompañamos sobre agresión, violencia y feminicidio”, señalaron.
Además, Tlachinollan resaltó que, a pesar de las dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres declaradas en Guerrero –que abarcan los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa de Comonfort–, “no se han tenido resultados efectivos para revertir los diferentes tipos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes”.
De los casos de feminicidio, “cabe señalar que además del aumento del delito, también se ha incrementado la saña y brutalidad con la que las mujeres son asesinadas, lo que se refleja en los cuerpos de las víctimas, evidenciando el grado de descomposición social, vinculado en la violencia extrema del crimen organizado”.
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En su informe, Tlachinollan identificó 22 grupos de la delincuencia organizada que operan en las distintas regiones de Guerrero y a los municipios de Acapulco, Iguala y Chilpancingo, como “los más violentos” por el número de homicidios que acumulan, con un total de 340, 156 y 42, respectivamente.
A lo largo de las 472 páginas de su informe, Tlachinollan también abordó las violencias que sufren las familias de jornaleros migrantes, los defensores y luchadores sociales, periodistas y las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada.
En su intervención, Ángela Buitrago resaltó que la corrupción en las instituciones y la criminalización de las víctimas impiden “no sólo impartir justicia sino acceder a la justicia y obtener, desde ese punto de vista, una satisfacción y una reparación como lo exigen las normas”.
Por su parte, Guillermo Fernández-Maldonado señaló que “es necesario” que las autoridades emprendan acciones positivas para garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, servicios públicos a los jornaleros migrantes; así como para identificar a los actores que obstaculizan la investigación de los normalistas desaparecidos.
