El gobierno de México junto con los de Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras y República Dominicana instalaron este lunes el Grupo de Acción Inmediata (GAI), con la finalidad de combatir las redes de tráfico humano y la trata de personas en la región, las que serían responsables de transportar al país a los migrantes centroamericanos víctimas en la volcadura de un tráiler en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
A la reunión en la que se instaló el GAI asistieron en representación de sus países los embajadores de Ecuador, Francisco Carrión Mena; Estados Unidos, Kenneth Salazar; Guatemala, Mario Adolfo Búcaro Flores; Honduras, Gerardo Alberto Simón Yerres, y la República Dominicana, María Isabel Castillo Báez, informó la Cancillería de México en un comunicado.
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De acuerdo con el comunicado, será la Cancillería la instancia que coordine al GAI, que tendrá como objetivo “desarticular las operaciones de las redes de traficantes de personas y otros delitos conexos del crimen organizado transnacional; así como para garantizar la prevención y no repetición de sucesos similares”, como el ocurrido en Chiapas el pasado 9 de diciembre, accidente en el que murieron 55 migrantes y más de 50 resultaron lesionados.
Este lunes, el gobierno de Guatemala decretó tres días de duelo nacional tras la tragedia de Chiapas.
En un comunicado, el presidente Alejandro Giammattei dijo estimar que la mayoría de los fallecidos serían guatemaltecos y aseguró que su administración mantiene coordinación con el gobierno de México para agilizar la repatriación de los cuerpos.
Alejandro Giammattei adelantó que México hará un anuncio este lunes sobre la identidad de los fallecidos.
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El presidente de Guatemala también se refirió a la propuesta que presentó a las autoridades estadounidenses y mexicanas sobre endurecer las penas para quienes se dedican al tráfico de migrantes. Afirmó que la homologación de leyes en esa materia reforzaría la lucha contra esas estructuras.
Giammattei añadió que su gobierno tiene preparada una iniciativa de ley en la cual se plantean condenas de entre 30 y 50 años de cárcel para los traficantes de migrantes.
