“Para la CNDH la atención a las personas en contexto de migración ha sido motivo de gran preocupación institucional debido a sus condiciones de especial vulnerabilidad, en particular, los grupos en mayor riesgo como niñas, niños y adolescentes acompañados o no acompañados, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, y las personas de la comunidad LGBTTTI+”, ese es el balance mayor que hace la CNDH sobre el programa “Quédate en México”.
El documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, es limitado y sin recomendaciones directas, sólo sugerencias a las instancias de gobierno.
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El Informe especial sobre los protocolos de protección a Migrantes (MPP) –programa “Quédate en México” 2019-2021. Análisis de su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad en México, emitido el pasado seis de diciembre, está basado la aplicación de 187 cuestionarios específicos para documentar la problemática en los siguientes puntos en los que se asentó población bajo el MPP: Tijuana (70), Matamoros (84) y Ciudad Juárez (33).
“Una de las preocupaciones de este Organismo Nacional ha sido la vulnerabilidad de las personas migrantes al ser presas fáciles de la delincuencia y de violencia durante su tránsito por México, el mismo riesgo enfrentan las personas sujetas al MPP mientras esperan en las ciudades fronterizas”, se lee en el documento.
Según el análisis de la CNDH, el programa Quédate en México es visto por el organismo como “una acción gubernamental unilateral de Estados Unidos y contraviene los artículos 31 y 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la ONU (1951)”.
“Aunque la Ley de Migración establece para las personas migrantes los derechos a la atención médica, educación y empleo, un gran número de personas bajo el MPP no tuvo acceso efectivo a dichos derechos. Acciones como el MPP debe estar en la mira de las autoridades mexicanas. La situación no se ha superado y puede agravarse con la persistencia de la pandemia”, refiere el organismo.
Pone sobre la mesa la vulnerabilidad de los migrantes, en específico frente al asedio de la delincuencia organizada, “que ha puesto sus ojos en las personas migrantes porque no tienen redes de apoyo en México, y porque tienen amigos y familiares en EU que pueden pagar su rescate”.
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Sobre sus observaciones, CNDH reclama a la Secretaría de Relaciones Exteriores que exija al gobierno de Estados Unidos proporcionar “fondos proporcionales al número de personas que aún permanecen en el territorio mexicano, de modo que haya recursos suficientes para que las personas cuenten con un alojamiento digno y seguro, con todos los servicios específicos, mejorar la infraestructura de los refugios dispuestos para las personas que estuvieron sujetas al Programa MPP cercanos a los puertos de entrada, y financiar el traslado de los solicitantes de asilo de manera segura de regreso a la frontera entre México y EUA para sus citas judiciales”.
