Un juez del estado de Querétaro rechazó otorgar una solicitud de amparo que pretendía suspender los efectos del acuerdo con el que se cataloga como asuntos de seguridad nacional a las principales obras de infraestructura del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales del vigésimo segundo distrito, correspondiente a Querétaro, determinó el jueves de esta semana negar la suspensión provisional contra este decreto. La resolución se publicó ayer en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
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El CJF tiene registro de que la solicitud de amparo contra el decreto del presidente se había interpuesto desde el 29 de noviembre en el juzgado antes mencionado, pero el juez solicitó al promovente especificar la razón de su queja.
“La expedición del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. El acuerdo omitiendo los procedimientos establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria. El acuerdo con relación al tratamiento que se le debe dar a la información de proyectos y obras de infraestructura a que hace referencia”, indica el expediente con el folio 1271/2021.
Esta solicitud se suma a la lista de acciones que buscan frenar el decreto del presidente López Obrador para declarar como de seguridad nacional las principales obras de su gobierno, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El miércoles pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra este acuerdo.
Francisco Javier Acuña Llamas, uno de los comisionados del Inai, consideró que existe el “riesgo inminente y evidencias” de que la interpretación que se hace con el decreto de seguridad nacional sea en menoscabo del derecho de acceso a la información pública.
El 18 de noviembre, Latinus presentó un reportaje, construido a través de solicitudes de información pública, sobre 966 contratos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que se han entregado a empresas fantasma, es decir, compañías acusadas de desvío de recursos, proveedores que antes tenían otro giro comercial y pequeños comercios que surtieron miles de productos.
Cuatro días después de la publicación, el presidente López Obrador publicó este decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF); legisladores de oposición y organismos a favor de la información pública expresaron sus quejas porque argumentan que este acuerdo va en contra de la transparencia.
