Foto: Cuartoscuro
A tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, su administración mantiene una deuda con los migrantes centroamericanos que llegan a México con rumbo a los Estados Unidos.
En su primer discurso a la nación en 2018, el mandatario federal aseguró que su administración protegería los derechos de los migrantes, tanto los mexicanos, los centroamericanos y los de otros países.
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Pese a ello, hechos como los ocurridos en días pasados, en que la volcadura de un tráiler causó la muerte de 55 personas que buscaban llegar a EU, hacen evidentes los pocos avances en la materia que se han logrado desde su llegada al poder.
En 2019, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno del presidente López Obrador de imponer aranceles a México en caso de no implementar acciones en contra del flujo migratorio hacia el país del norte.
Ante ello, el secretario de Relaciones Exteriores acudió a EU a negociar con el gobierno de Trump. Tras esto, los operativos de la Guardia Nacional mexicana se fortalecieron en el sur del país.
Desde entonces, organizaciones han denunciado que México se convirtió en el muro fronterizo que el expresidente Trump prometió en campaña. Tan sólo el pasado 9 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno por el uso manera ilegítima y desproporcionada de la fuerza pública.
En enero de este año, las autoridades hallaron dos camionetas calcinadas, una de ellas con 19 cadáveres en el interior, en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
Las víctimas, varias de ellas originarias de Guatemala, fueron asesinadas con armas de fuego y posteriormente calcinadas.
Según los testimonios, aquel día por la tarde ingresó un comando del Cártel del Noreste, los antiguos Zetas, para buscar a un líder del Cártel del Golfo, la organización criminal que controla la zona de Tamaulipas.
Después de un enfrentamiento, los sicarios del Cártel del Noreste localizaron a 19 personas, a quienes asesinaron en ese lugar y luego abandonaron en los límites con Nuevo León.
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Por estos hechos, dos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Escobedo, fueron vinculados a proceso por devolver una camioneta que se encontraba bajo resguardo y que posteriormente fue utilizada para calcinar a los 19 migrantes.
En días pasados, los gobiernos de Estados Unidos y de México anunciaron que desde el 6 de diciembre iban a empezar a inscribir a solicitantes de asilo en “Quédate en México“, incluyendo a personas que no hablan español y los enviarían a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperaran allí el resultado de sus peticiones.
Este programa, instalado por la administración de Trump, obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue su fecha de audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, en un intento por cumplir con la orden de un tribunal y tras acceder a cambios y adiciones que exigió el gobierno mexicano.
La CNDH, a cargo de Rosario Piedra, aseguró que dicho programa es motivo de gran preocupación para la institución.
El documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se realiza este balance, sin embargo, es limitado y sin recomendaciones directas, sólo sugerencias a las instancias de gobierno.
Desde la toma de protesta de López Obrador a finales de 2018, más de 490 mil migrantes fueron puestos ante la autoridad federal por no acreditar su situación en el país.
En 2019 fueron 192 mil 940, cifra que bajó el siguiente año (cuando comenzó la pandemia de Covid-19) a 82 mil 379, pero que incrementó este año hasta las 228 mil 115, esto según datos del gobierno federal.
Los migrantes asegurados por las autoridades son localizados en muchas ocasiones en condiciones de hacinamiento, aislados en tráileres o en casas de seguridad que traficantes utilizan para llevarlos a EU.
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