EFE.- Representantes de la organización de derechos humanos Cristosal presentaron este miércoles un aviso y una denuncia ante la Fiscalía por el uso ilegal de datos personales mediante una billetera digital del Gobierno, que otorga un bono en bitcoin equivalente a 30 dólares para impulsar su uso.
La entidad no gubernamental informó de que el aviso y la denuncia fueron presentadas en representación de 131 personas que acudieron a Cristosal para solicitar acompañamiento por el uso de identidad sin autorización en la aplicación Chivo Wallet.
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Anteriormente, Cristosal pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se investigaran 117 casos, de cerca de mil que han recibido, sin que se conozca algún avance.
También sus abogados acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un amparo en nombre de las 117 personas que denunciaron el robo de sus datos personales para cobrar el referido bono.
Al respecto, la vocera Zaira Navas señaló este miércoles que no han tenido respuesta del Ministerio Público sobre las primeras denuncias y añadió que “no hemos sido citados, ni informados”.
De acuerdo con Cristosal, tres de sus miembros también han sido víctimas de suplantación de identidades.
“Como ciudadano afectado es sumamente grave que se use fraudulentamente mi identidad en la Chivo Wallet. ¿Qué garantías tengo de que un miembro de grupos delincuenciales no esté usando mi identidad para delitos?”, manifestó a la prensa David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y miembro de Cristosal.
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De acuerdo con una publicación de El Faro, la billetera Chivo pertenece a una empresa privada creada hace 22 años por la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que cambió su nombre a Chivo S.A. de C.V. el 24 de agosto pasado y que tuvo una inversión inicial de 60 millones de dólares.
La Asamblea Legislativa le dio al Gobierno más de 200 millones para la adopción del bitcoin, de los que se desconoce a detalle su uso.
De estos fondos se destinaron 150 millones de dólares a un fideicomiso -fondo- para que lo administrara el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal).
El 7 de septiembre pasado, el país centroamericano se convirtió en el primero del mundo en darle curso legal al más popular de los criptoactivos.
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