Gobierno de Biden demanda a Texas por mapa electoral; acusa discriminación a los votantes latinos

Gobierno de Biden demanda a Texas por mapa electoral
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland. FOTO: AP.

AP.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el lunes a Texas por su nuevo mapa electoral, diciendo que discrimina a los votantes de las minorías —en especial a los latinos— que han impulsado el crecimiento de la población del estado.

La demanda, presentada en el distrito oeste de Texas, denuncia que el estado controlado por los republicanos viola parte de la Ley de Derecho al Voto al trazar nuevos mapas para la elección de su delegación en el Congreso federal y la legislatura estatal. El caso es la primera acción jurídica del Departamento de Justicia del gobierno del presidente Joe Biden que impugna un mapa electoral estatal desde que las entidades comenzaron a trazar sus mapas este año para tener una mejor representación en las cámaras legislativas de los cambios en la población.

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La demanda destaca que la mayor parte del crecimiento poblacional de Texas en la última década provino de las personas afroamericanas, hispanas y asiáticas, pero alega que los nuevos mapas distribuyen a estos electores en diversos distritos, diluyendo el peso de sus votos y negándoles la oportunidad de elegir a sus representantes.

Además, argumenta que los nuevos mapas circunscriben a las comunidades afroamericanas e hispanas en distritos de formas extrañas —de uno del área de Dallas se dice que tiene forma de “caballito de mar”—, y a la vez mantienen los escaños en manos de republicanos blancos.

“Esta no es la primera vez que Texas ha actuado para minimizar los derechos a votar de sus ciudadanos de las minorías”, señaló la fiscal general adjunta Vanita Gupta durante una conferencia de prensa con el secretario de Justicia Merrick Garland. “Década tras década, las cortes han hallado que Texas ha implementado planes de redistribución que diluyen deliberadamente la fuerza electoral de los votantes hispanos y negros y que violan la Ley de Derecho al Voto”.

El litigio ocurre en un momento en que republicanos y demócratas intentan obtener alguna ventaja en el proceso de rediseño de mapas electorales que se da una vez por década, y el cual ya ha alcanzado nuevos niveles de manipulación. Además, la demanda llega durante un cambiado panorama jurídico para los desafíos de rediseño de distritos. En 2019, la Corte Suprema determinó que no arbitraría disputas partidistas de manipulación de mapas efectuada para beneficiar a un partido político.

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Una portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, censuró la demanda.

“No sorprende que los demócratas en Washington estén atacando los planes de rediseño de nuestro estado”, dijo Renae Eze. “Confiamos en que los planes de Texas para la redistribución de distritos serán ratificados por los tribunales, y nuestra oficina sigue trabajando con la oficina del fiscal general para garantizar que los texanos sean representados de manera justa”.

En el disputado distrito 23 del oeste de Texas, el mapa dejó fuera a áreas cercanas a El Paso y San Antonio a fin de reducir en 9% la participación de residentes hispanos en edad de votar.

En el área de Dallas dejó a los residentes afroamericanos y latinos de los suburbios del noroeste fuera del distrito de la representante republicana Beth Van Duyne, quien obtuvo apretadamente su reelección sobre Candace Valenzuela, una candidata demócrata hispana de raza negra el año pasado. Y en el área de Houston, donde la participación de la población de raza blanca está disminuyendo, el mapa mantuvo seis de 10 distritos de la Cámara de Representantes como distritos de mayoría blanca o de mayoría relativa.

Texas ha tenido que defender sus mapas electorales ante los tribunales después de cada proceso de redistribución desde que la Ley de Derecho al Voto entró en vigor en 1965. Sin embargo, esta será la primera vez que tiene que hacerlo desde que la Corte Suprema emitió un fallo en 2013 que eliminó una cláusula de la Ley de Derecho al Voto que requería que Texas y otros estados con antecedentes de discriminación racial tuvieran que someter sus mapas a la aprobación del Departamento de Justicia antes de que entren en vigor.

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