Juicio por demanda civil de la UIF en contra de García Luna será hasta mayo de 2023, determina juez de EU

Juicio por demanda civil de la UIF en contra de García Luna será hasta mayo de 2023, determina juez de EU
Foto EFE

Un juez federal en Miami-Dade fijó para el 8 de mayo de 2023 el inicio del juicio por la demanda civil que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó contra Genaro García Luna para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por el exsecretario de Seguridad Pública de México.

El juez William Thomas de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade ordenó también que la UIF, en su calidad de demandante, deberá realizar una mediación con García Luna previa al juicio, cuya fecha de realización –determinada por las partes– deberá ser notificada antes del 30 de junio de 2022.

Entérate: Juez de EU establece hasta enero de 2023 las fechas tentativas para el juicio contra Genaro García Luna

La UIF, de acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos, deberá informar al Tribunal el resultado de la mediación, teniendo un plazo de cinco días para hacerlo luego de la conclusión, cuyo plazo final fue establecido para el 29 de marzo de 2023.

El pasado 21 de septiembre, la UIF presentó la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna, así como por otras personas.

El litigio se presentó por la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el estado de Miami, Estados Unidos.

La UIF informó que estos activos se derivan de “un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario”.

Te puede interesar: Juicio contra Genaro García Luna se llevaría a cabo en otoño de 2022 y duraría dos meses

La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde la UIF identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.

La demanda abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, “sus cómplices y/o familiares”, que tienen operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.

Comparte esta nota