El colectivo ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido” denunció la falta de cumplimiento de la ley y de respuesta a sus amparos interpuestos contra las nuevas rutas aéreas que operará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Valle de México, pues generan daños a la salud y al medio ambiente.
En un comunicado, el organismo señaló que ha presentado más de 30 amparos y siete recursos, de los que 25 amparos siguen en trámite, contra las nuevas rutas que operará el aeropuerto de Santa Lucía.
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“Todos los amparos y juicios fueron concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estos tienen un criterio previo a los amparos porque son los que han conocido de los juicios del aeropuerto de Santa Lucía”, indicaron.
Los abogados Luis Miguel Cano, Mario Victoria y José Luis Guerrero agregaron que las dos instancias judiciales no podrían ir en contra de lo que ya dictaminaron sobre el beneficio del nuevo aeropuerto.
Denunciaron que la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha remitido a la Primera Sala las solicitudes de atracción de los juicios, cuando es la Segunda Sala a la que correspondería conocer, porque es la especializada en Materia Administrativa.
Los abogados cuestionaron al Poder Judicial en la revisión constitucional de sus actos de autoridad, bajo el argumento de seguridad nacional, cuando se trata de un aeropuerto civil y las responsables son autoridades civiles.
Luis Miguel Cano y José Luis Guerrero agregaron que “estamos viviendo un adelanto de lo que puede significar el acuerdo presidencial anunciado la semana pasada, porque ahora cualquier persona en el país está en riesgo de que se aprueben proyectos sin informarles, sin dejarles participar, sin que se midan los impactos ambientales”.
El abogado Mario Victoria destacó que la falta de cumplimento de la ley acrecienta las dudas sobre la seguridad aérea en la creación de las nuevas rutas, sobre si son las más adecuadas para el Valle de México e, incluso, sobre su operatividad.
Señalaron que confían “en que el Poder Judicial manifieste su autonomía del Poder Ejecutivo y resarza la vulneración fundamental que existe en estos casos, que es nuestro derecho a la legalidad porque saben que si revisa, la autoridad responsable sabe que encontrará fallas y esa es la omisión y opacidad de la que nos quejamos”.
Los abogados advirtieron que existe una estrategia de demora por parte de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), que han tratado de retrasar el avance de los diversos Juicios, llegando incluso a decir que un juzgador está imposibilitado de tomar decisiones en materia de aeronáutica.
Adelantaron que a más tardar en febrero llevarán una queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o al Sistema Universal de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos.
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Minerva López, Luz María Gaubeca y Javier Girault, representantes del colectivo ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido”, dieron a conocer que ya existen afectaciones a la salud que ha obligado a muchas familias a migrar de los lugares donde vivían.
Los abogados recordaron que según la OMS, el ruido como agente contaminante afecta el sueño, así como el nivel de vida de la gente y que no son inmediatas, sino a futuro.
