Los coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición en el Senado de la República solicitaron a la Mesa Directiva de la Cámara Alta presentar una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que blinda las megaobras de su administración al declarar como de “seguridad nacional” su realización.
La solicitud fue hecha a través de un oficio dirigido a la senadora Olga Sánchez Cordero, toda vez que, se explica en el documento, el procedimiento indica que las demandas de controversia constitucional tienen que ser suscritas o interpuestas por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Más tarde, la morenista Sánchez Cordero declaró durante la sesión ordinaria de este jueves en el Senado que “la minoría también tiene su derecho de promover acción de inconstitucionalidad”, y aseguró que ya turnó al área jurídica del Senado la solicitud para analizar si este órgano parlamentario tiene legitimidad para presentar la controversia constitucional ante la SCJN.
La solicitud a la Mesa Directiva fue presentada por los coordinadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural, en el que aseguraron que el acuerdo del titular del Ejecutivo Federal es “una flagrante invasión de las facultades legislativas del Congreso de la Unión”.
Consideraron además que: “El Acuerdo del Ejecutivo Federal (…) incurre en un desbordamiento de sus facultades, en detrimento del Estado de Derecho, la división de poderes y el principio de legalidad a que debe ceñirse todo ente público”.
“Ciudadana Presidenta, recordemos que la vigencia efectiva de la Constitución (…) es nuestra obligación y un compromiso que hicimos al rendir protesta como integrantes de este órgano parlamentario”, fue el llamado hecho a Sánchez Cordero por los senadores Julen Rementería, por el PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de MC; Miguel Ángel Mancera, por el PRD; y Germán Martínez, del Grupo Plural.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró el pasado lunes por medio de un acuerdo como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura y las obras de su administración que estén asociados a infraestructura de diversos sectores.
El acuerdo del presidente López Obrador fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar “permisos provisionales” para la realización de los proyectos y obras del Gobierno federal, estableciendo un plazo de un año para su autorización definitiva.
“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, decretó.
Detalla que la autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión. En este periodo se deberá obtener la autorización definitiva.
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Obras insignia del actual gobierno como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas entrarían en la definición de seguridad nacional, así que el gobierno federal podría negarse a entregar información vía transparencia sobre estos proyectos.
