La coalición legislativa Va Por México anunció que impugnará el acuerdo presentado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que protege a los megaproyectos y les concede el carácter de seguridad nacional. El grupo de senadores de oposición aseguraron que acciones como esas acercan al país al autoritarismo.
Los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el acuerdo “que sólo busca la opacidad”, aseguró Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
En la sesión del Senado de la República de este martes, en la que el pleno eligió a Loretta Ortiz Ahlf como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legisladores de oposición manifestaron su rechazo al que llamaron el “decretazo” del Ejecutivo federal.
El acuerdo, publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar “permisos provisionales” para la realización de los megaproyectos y obras del gobierno federal, estableciendo un plazo de un año para su autorización definitiva.
Romero Herrera dijo en conferencia de prensa que el acuerdo es una invasión de esferas. “No sólo condenamos este ataque al derecho de todos los mexicanos de tener acceso a la información pública, sino que habremos de combatirlo jurídicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, puntualizó.
El senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, aseguró en el pleno del Senado que México está en riesgo de una deriva autoritaria y de regresar al pasado “con prácticas centralistas y con la concentración del poder”.
Claudia Ruiz Massieu, legisladora del PRI, expresó que el acuerdo, acompañado de las declaraciones hechas por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, durante el 111 Aniversario de la Revolución Mexicana “dejan de lado la Constitución, la división de poderes, el principio de legalidad y la tutela que estos tres conceptos hacen de los derechos y libertades de las personas”.
Aseguró que los dichos del titular de la Sedena, en los que invitó a la población a ser parte del movimiento que lidera el presidente López Obrador y el partido Morena, es contrario al Artículo 129 constitucional.
“Hoy estamos tristemente llamados a ejercer la facultad de elegir a una nueva o nuevo integrante de la Corte en un momento de riesgo y de penumbra hacia la oscuridad en el ejercicio del poder Ejecutivo“, dijo Ruiz Massieu.
Recordó que el presidente de la República no tiene la facultad de suspender el orden constitucional con el pretexto de agilizar los procedimientos administrativos. Además que la definición de lo que corresponde a la seguridad nacional está previsto en la ley de este tema.
Kenia López, senadora del PAN, expresó que el acuerdo es “a todas luces inconstitucional”, pues declara las “obras faraónicas” emprendidas por el presidente López Obrador de seguridad nacional. Con esto, se pretende, dijo, regularizar de manera ilegal la falta de permisos y ocultar información.
Serán considerados proyectos de seguridad nacional e interés público aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.
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Los megaproyectos podrían estar asociados a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, incluso turístico.
Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el acuerdo que protege los megaproyectos de infraestructura que impulsa su gobierno “es un acuerdo para agilizar trámites, y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras”.
