El Senado de la República eligió este martes a Loretta Ortiz Ahlf como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sustitución de Fernando Franco Gonzaléz Salas. Es la tercera vez que Ortiz forma parte de una terna para ser ministra de la SCJN.
De la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ortiz obtuvo 92 de los 114 votos emitidos por el pleno del Senado; ocho fueron a favor de Bernardo Bátiz Vázquez; nueve, a favor de Eva Verónica de Gyvés Zárate.
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En un primer momento, el pleno del Senado avaló, con 101 votos en favor, seis en contra y una abstención, el dictamen de la comisión de Justicia en el que se estableció la elegibilidad de la terna, compuesta por Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz.
La jurista de 66 años de edad tomará posesión del cargo el 12 de diciembre.
De acuerdo con su perfil curricular en el sitio del CJF, se tituló como abogada en la Escuela Libre de Derecho en 1978. En 1999 hizo una maestría en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Además tiene un doctorado en derechos humanos y derecho comunitario europeo con distinción Cum Laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (2009).
Loretta Ortiz Ahlf fue consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2002 a 2006, y diputada federal por Morena de 2012 a 2015.
Ortiz también fungió como vocal de la Mesa Directiva (2014-2018) de la Escuela Libre de Derecho, directora del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana (1998-2007) y ha sido docente en la Universidad Panamericana y el Instituto Matías Romero.
Su esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). Ambos han sido cuestionados por su estrecha relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde noviembre de 2019 se había desempeñado como consejera de la Judicatura Federal (CJF), cargo que estaba previsto que ocuparía hasta el 19 de noviembre del 2024.
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Temas que atenderá la futura ministra
Ortiz, como parte del máximo tribunal de justicia del país, tendrá que retomar los temas que dejó su antecesor, Fernando Franco Salas. Uno de los principales es la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Estadística y Geografía (Inegi) contra el Congreso de la Unión y el presidente López Obrador por la reducción al presupuesto de la institución estipulada en el Paquete de Egresos de la Federación (PEF) 2022.
El Instituto demanda que no se afecte los salarios y remuneraciones de sus trabajadores, en comparación con sus percepciones económicas establecidas en el presupuesto anterior.
