AP.- La compleja situación de México en materia de desapariciones, con un registro que ya supera las 94 mil víctimas, será evaluada por primera vez in situ a partir del lunes por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
La visita de 11 días de la misión del Comité (conocido como CED por sus siglas en inglés) ha alentado las esperanzas de los familiares de desaparecidos y organizaciones humanitarias que apuestan a que los expertos internacionales guíen a las autoridades para atender una situación que el propio comité ha considerado generalizada en gran parte del territorio mexicano y que en los tres primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha profundizado con un acumulado de más de 24 mil desapariciones, según registros de las autoridades.
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El llamado “Movimiento por nuestros desaparecidos en México” —una coalición de más de 60 colectivos de familiares— instó el lunes al gobierno a cooperar con el CED y facilitar toda la información que les sea requerida sin restricciones.
Además, alertó en un comunicado que la búsqueda forense en México “está en crisis” debido a que existen “por lo menos 52 mil 4 personas fallecidas sin identificar”, muchas de ellas en fosas comunes en cementerios públicos bajo responsabilidad de las fiscalías.
Analistas atribuyen la escalada de los casos de desapariciones en México al deterioro de la seguridad por el avance de los grupos delictivos y la colusión entre algunas organizaciones criminales y el Estado.
Desde diferentes instancias de gobierno manifestaron la disposición a colaborar con la misión de cuatro expertos del CED que sostendrá encuentros con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Al dar la bienvenida a la delegación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitió que México enfrenta una “crisis de desaparición de personas“, y consideró que el Estado mexicano debe hacer el mayor esfuerzo para superar la situación que consideró como la “herencia más dolorosa”.
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“La desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico y social en la cual la lucha política estuvo asociada a la violencia del Estado y a la lucha armada, y que adquirió una dimensión particular durante la guerra sucia, así como en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que inició en 2006, la cual desató el fenómeno de la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado“, indicó Encinas.
La delegación, encabezada por la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, se reunirá también con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones internacionales.
También tiene previsto asistir a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas y visitar cárceles y centros de detención, indicó el CED en un comunicado.
Villa Quintana expresó que el CED acogía con satisfacción la disposición del Estado mexicano de recibir esta visita solicitada desde 2013, y sostuvo que eso “muestra la voluntad del Estado mexicano de abrir las puertas al escrutinio”.
Como parte del plan de trabajo el CED visitará 12 de los 32 estados de México, entre los que se incluyen Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Veracruz y Sinaloa, según conoció The Associated Press.
Tras el arribo al país de la delegación el sábado la cancillería mexicana dijo en un comunicado que confía en que la experiencia y prácticas del CED contribuirán a “robustecer las capacidades institucionales para la investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas”, a la vez que reiteró la disposición a un “diálogo constructivo” y la cooperación con los tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos.
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Encinas prometió “total apertura” para la misión del CED, que fue invitada a venir al país por el gobierno de López Obrador, quien desde el inicio de su sexenio en 2018 tomó como una de sus banderas el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado occidental de Guerrero en septiembre de 2014.
Pese a la designación de un equipo especial para impulsar las investigaciones y el apoyo de asesores internacionales aún no se ha logrado esclarecer el caso de los estudiantes, lo que ha alimentado el pesimismo de muchas familias mexicanas que enfrentan la tragedia de la desaparición.
“Espero que con la visita del Comité se nos abran muchas puertas y el gobierno nos voltee a ver”, afirmó Jessica Puler Santana, una de las integrantes del grupo Guerreras Buscadoras de Sonora y quien desde hace tres años busca a su hermano que desapareció en la localidad norteña de Guaymas.
Puler Santana, de 28 años, afirmó que aunque las autoridades las acompañan en las labores de búsqueda en el estado norteño de Sonora, “no hay apoyo de nada en lo legal, no hay apoyo económico, ni moral”.
Tranquilina Hernández, integrante de la Unión de Familias Resilientes Buscando a Sus Corazones Desaparecidos del estado central de Morelos, afirmó que no está muy esperanzada de que el CED pueda impulsar un cambio en las autoridades para atender de manera más diligente el caso de su hija, desaparecida desde hace siete años, y otras miles de personas.
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Sin embargo, expresó que la visita de los expertos “puede ayudar al menos a que se den a conocer más los casos, que tengan más visibilidad, que se den a conocer en otros países. Yo creo que eso es ya como ganancia”.
Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -una de las organizaciones humanitarias más reconocidas de México- también hay expectativas de que la visita del CED pueda contribuir sobre todo en materia forense, indicó María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional de la asociación.
En el informe que el “Movimiento por nuestros desaparecidos en México” entregó al CED se señala que la “búsqueda forense en vida es urgente” por las decenas de miles de personas que permanecen sin ubicar, y se plantea que “aún no existe una coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda y los procesos de investigación, así como la participación de las familias en la planeación y ejecución de búsquedas”.
Asimismo, la coalición refiere que la impunidad supera 98% en los casos de las desapariciones y que se han documentado doce asesinatos de familiares de personas desaparecidas por buscar a sus seres queridos.
El CED —un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes— tiene previsto presentar al final de su visita el 26 de noviembre sus observaciones preliminares que luego se ampliarán en el informe que publicarán en marzo de 2022 y que incluirá conclusiones y recomendaciones.
