Acusan a Grecia de penalizar la migración y perseguir a las ONG

Autoridades de Grecia son acusadas por penalizar migración y perseguir a ONG
Foto: AP

AP.- Tres jóvenes migrantes de Afganistán y Somalia se encuentran entre los presos en la isla griega de Chios, donde aguardan largas condenas; 50 años para dos de ellos y la abrumadora sentencia de 142 años para el tercero. 

A pesar de sus sentencias, los veredictos de sus juicios no los señalan como delincuentes violentos. Los tres fueron condenados por pilotear lanchas inflables en las que viajaban con otros migrantes, luego de haber sido abandonados por contrabandistas en el Mar Egeo, entre Turquía y Grecia

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“No creo que salvar a gente sea un crimen”, dijo Hanad Abdi Mohammad, de 28 años, un somalí acusado de contrabando de personas tras su llegada a Grecia, condenado a 142 años de cárcel.

La semana pasada, Mohammad dijo a periodistas y a legisladores del Parlamento Europeo que visitaron a los tres hombres en prisión que no había tenido más opción que pilotear el bote. Contó que un contrabandista le obligó a tomar el relevo, lo golpeó en el rostro y lo amenazó con un arma antes de abandonar la embarcación. 

Los críticos señalan que los casos de estos hombres, así como los juicios o las amenazas de procesos penales contra cooperantes, muestran el creciente arsenal de técnicas que emplean las autoridades de Grecia y otros países para disuadir a los solicitantes de asilo.

“No es posible que alguien que llega a pedir asilo en Grecia sea amenazado con estas duras sentencias simplemente porque se vieron forzados, por las circunstancias o por presión, a tomar el timón de un barco”, dijo Alexandros Georgoulis, uno de los abogados que representa a los tres reos en Chios.

El viaje de Mohammad también da una idea del caos que podrían encontrar los solicitantes de asilo en su viaje entre dos países separados desde hace mucho por una arraigada desconfianza.

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Cuando el contrabandista huyó, las casi tres docenas de pasajeros aterrados temieron por sus vidas y renunciaron a llegar a Grecia. Mohammad dijo que llamó varias veces a la Guardia Costera turca para implorar un rescate, pero cuando llegó, la patrulla marítima turca hizo una agresiva maniobra en torno a la embarcación migrante, que arrojó agua al bote y la empujó hacia Grecia. Dos mujeres cayeron por la borda en medio del caos y murieron ahogadas.

La Guardia Costera griega rescató a los sobrevivientes y Mohammad ayudó a otros pasajeros a subir al bote de rescate, admitió haber pilotado el barco tras la marcha del contrabandista y dijo que nunca le pasó por la cabeza que pudiera acabar procesado como uno de ellos.

 Trabajadores y voluntarios dedicados a ayudar también se han visto en problemas con las autoridades griegas. En un caso muy conocido, la trabajadora siria de derechos humanos Sarah Mardini, que es refugiada, fue detenida junto con el voluntario Sean Binder en 2018, ambos estuvieron bajo sospecha por espionaje, lavado de dinero y una larga lista de delitos.

Tanto Mardini como Binder niegan todos los cargos y afirman que no hacían más que ayudar a rescatar gente.

Grecia no es la única nación donde se encuentran este tipo de casos, según la Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, Alemania, Italia, Malta, Holanda y España han iniciado 58 investigaciones y procesos legales desde 2016 contra entidades privadas implicadas en búsqueda y rescate.

“Creo que es importante pelear esto en los tribunales, en absoluto sentarnos y aceptar que nos muestren como contrabandistas o espías porque ofrecí CPR a alguien que estaba en problemas”, dijo Binder a AP. “Es escandaloso que se nos presente como criminales. No lo acepto (…). No importa quién sea uno, no merece ahogarse en el mar”.

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Binder y Mardini irán a juicio el 18 de noviembre en la isla de Lesbos por delitos menores de espionaje, falsificación y empleo ilegítimo de las frecuencias de radio. Enfrentan una pena máxima de ocho años, convertible en una multa. Aún siguen bajo investigación por delitos que podrían suponer sentencias de 25 años.

Dimitris Choulis, un abogado de la isla de Samos que suele representar a solicitantes de asilo y no participa en el caso de Binder, cree que los procesos penales o las amenazas de cargos están diseñados en parte para impedir que las organizaciones no gubernamentales documenten prácticas como la deportación ilegal sumaria de migrantes antes de que puedan pedir asilo.

“La única forma de impedir que las organizaciones humanitarias observen lo que está ocurriendo en el Egeo es criminalizando el rescate”, dijo Choulis, que junto con Georgoulis representa a los tres hombres encarcelados en Chios.

Las autoridades turcas rechazan de forma rotunda que el país haga devoluciones ilegales, pese a los crecientes indicios de lo contrario. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, volvió a desmentir las acusaciones el martes pasado y dijo que su gobierno tiene una política migratoria “dura, pero justa”.

La mayoría de los casos que implican a ONG van más dirigidos a intimidar que a conseguir condenas, alegó Choulis, y la mayoría se quedan en la fase de investigación. Tres años después de su detención, Binder aún no ha sido acusado de ninguno de los delitos graves por los que está siendo investigado.

La policía griega anunció en julio una pesquisa penal contra 10 personas, incluidos cuatro trabajadores extranjeros de ONG, por acusaciones de contrabando de migrantes. Por ahora no se han presentado cargos.

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