Por Montserrat Peralta
La muerte de José Eduardo Ravelo, presuntamente agredido por policías de Mérida, no ha sido la única que se atribuye a elementos uniformados de Yucatán en la última década.
Entre 2012 y 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha emitido 16 recomendaciones por suicidios y fallecimientos de detenidos en celdas municipales.
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De acuerdo con datos del organismo obtenidos por Latinus vía ley de transparencia, los fallecimientos se dieron en 13 cárceles municipales, destacando la de Umán con tres registros.
Las autoridades que recibieron una recomendación por estas muertes son los presidentes municipales de: Maxcanú, Mérida, Tetiz, Valladolid, Umán, Chemax, Yaxkukul, Temax, Dzidzantún, Ticul, Baca, Tixcacalcupul, Tahmek y el Secretario de Seguridad Pública de Yucatán.
En total, en los últimos nueve años la Comisión Estatal recibió 2 mil 312 quejas en contra de policías estatales y municipales, de éstas se han concluido mil 749, quedando en trámite 563. En 7 de cada 10 casos se señaló a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a la policía estatal investigadora, a la ministerial y a las policías municipales de Kanasin y Progreso.
Los cinco hechos violatorios más registrados por la Comisión Estatal son detenciones arbitrarias, prestación indebida del servicio público, lesiones, allanamiento de morada y trato cruel o degradante. También se denunciaron conductas relacionadas con violencia sexual, como cinco casos de violación y 11 de abuso sexual.
CEAV condena actuación de la FGR
El 21 de julio, José Eduardo Ravelo fue detenido por cuatro elementos de la policía de Mérida en el parque San Juan. La mamá de Ravelo ha asegurado que la detención fue injustificada, que los policías lo golpearon y abusaron sexualmente de él hasta que murió.
Semanas después, el Gobierno del Estado de Yucatán informó la detención de los cuatro policías municipales implicados, quienes fueron acusados de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada. Sin embargo, una semana después un juez decidió no vincularlos a proceso. De esta forma, los cuatro policías se reincorporaron a sus labores a principio de septiembre.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso y el 28 de octubre aseguró en un comunicado que Ravelo murió por neumonía, descartando tortura y violación por parte de los policías de Mérida.
“Del análisis de todos los videos no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, señaló la FGR.
Sobre la actuación de la FGR, Alejandro Jiménez Padilla, director general de la asesoría jurídica federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien lleva la defensa de Ravelo y su familia, dijo que el trabajo de la FGR no es emitir sentencias en cuanto a investigaciones que aún siguen en curso.
“No hay ningún no ejercicio de la acción penal determinado por el ministerio público federal o sea no hay ninguna determinación que implique una terminación de la investigación”, detalla Jiménez en entrevista con Latinus.
Ante el boletín de la FGR, la CEAV emitió un extrañamiento en donde explicó que la investigación se encuentra en fase preliminar no conclusiva. Además, reclamó la falta de sensibilidad por dar a conocer sus conclusiones de la investigación sin previo aviso a la familia de Ravelo.
“A su vez, exhortamos a la fiscalía a enunciar qué acciones penales va a realizar en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales”, indicó en un comunicado de prensa la CEAV.
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Actualmente, el caso está abierto en el ámbito federal y la CEAV busca reactivar la apelación que se interpuso a nivel estatal.
“Nosotros pensamos que no se debe de valorar, en este momento, las pruebas que hay. En este momento estamos recopilando (más), todavía la fiscalía general no tiene todos los elementos para descartar que el móvil de la muerte de José Eduardo estuviera relacionada con un abuso policial”, indica Jiménez.
