AP.- El gobierno de Joe Biden planea vender arrendamientos de petróleo y gas en grandes extensiones de terrenos públicos en el oeste de Estados Unidos, a pesar de la conclusión del Departamento del Interior de que hacerlo podría costarle a la sociedad miles de millones de dólares en impactos del cambio climático.
Los funcionarios de la administración anunciaron la semana pasada que los reguladores del gobierno analizarán por primera vez las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles extraídos de tierras propiedad del gobierno en EU.
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La quema de esos combustibles representa aproximadamente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de EU relacionadas con la energía, lo que los convierte en un objetivo principal para los activistas climáticos, que quieren cerrar el arrendamiento, y el presidente Biden hizo campaña con las promesas de poner fin a las nuevas perforaciones en terrenos públicos.
Sin embargo, los funcionarios de la Oficina de Administración de Tierras (BLM) del Departamento del Interior dijeron que por ahora hay poco que puedan hacer para evitar que los impactos del cambio climático quemen los combustibles. Eso es en parte porque no pueden discernir la importancia de las emisiones de las reservas de combustible del gobierno frente a otras fuentes, escribieron los funcionarios en documentos recientemente publicados.
La determinación se aplica a las ventas de arrendamiento planificadas a principios del próximo año en Wyoming, Colorado, Montana, Utah, Nevada, Nuevo México y otros estados.
“BLM tiene una autoridad de decisión limitada para prevenir de manera significativa o medible los impactos acumulativos del cambio climático que resultarían de las emisiones globales”, escribieron los funcionarios de la agencia en su propuesta de arrendamiento de Montana.
Declaraciones similares se incluyeron en documentos publicados por el gobierno para ventas en otros estados.
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Los planes de arrendamiento siguen sujetos a cambios a medida que la administración continúa analizando las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos en las personas y el medio ambiente, dijeron el martes funcionarios de la agencia.
La agencia redujo algunas ventas debido a la preocupación de que la perforación pudiera dañar la vida silvestre. Planea aplazar casi mil 550 kilómetros cuadrados de arrendamientos en Wyoming y 14 kilómetros cuadrados en Montana, citando impactos potenciales a una especie de ave en lucha, el urogallo mayor y el antílope berrendo migrante.
Aún así, Wyoming tiene la mayor cantidad de terrenos disponibles para nuevos arrendamientos, aproximadamente 725 kilómetros cuadrados.
Se proyecta que los llamados costos sociales de las emisiones de la quema de petróleo y gas de las parcelas, incluidos los niveles más altos del mar, los incendios forestales y los problemas de salud pública debido al cambio climático, oscilarán entre 357 millones de dólares y más de 4 mil millones, según el Departamento del Interior.
La decisión de la administración de no citar los costos del cambio climático como una razón para limitar los arrendamientos frustra a los activistas ambientales y otros que han instado a frenar las ventas de combustibles fósiles del gobierno. Dijeron que socavó la participación del presidente en la cumbre climática de la ONU en Glasgow, donde los líderes mundiales se comprometieron el martes a reducir las emisiones de metano, un subproducto de la perforación.
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Los republicanos y los representantes de la industria petrolera se apresuraron a criticar a Biden la semana pasada cuando anunció planes para analizar las emisiones de gases de efecto invernadero. La decisión de no abordarlos directamente refuerza que detener el desarrollo de tierras federales tendría poco impacto en el cambio climático, dijo Kathleen Sgamma de Western Energy Alliance, un grupo comercial de la industria.
El martes, la Agencia de Protección Ambiental anunció medidas adicionales para reducir las emisiones de metano de la perforación. La venta de arrendamiento del próximo año será la primera de la oficina desde que Biden suspendió el programa solo una semana después de asumir el cargo como parte de su plan para abordar el cambio climático.
En junio, un juez federal en Louisiana ordenó a la administración que reanudara las ventas, quien dijo que los funcionarios del Interior no ofrecieron una “explicación racional” para cancelarlas. Los fiscales generales de 13 estados demandaron a la administración diciendo que la suspensión costaría dinero y empleos a los estados.
