EFE.- Las clínicas y organizaciones que han demandado a Texas por la ley que prácticamente prohíbe el aborto en ese estado se mostraron “esperanzadas” tras la sesión de este lunes ante la Corte Suprema de Estados Unidos que escuchó los argumentos orales en el caso que han presentado.
En una rueda de prensa virtual después de la audiencia, el abogado Marc Hearron, encargado de exponer los argumentos de las clínicas ante la Corte, se mostró “contento” luego de ver que varios jueces de la máxima instancia judicial del país están “seriamente preocupados con lo que está haciendo el estado de Texas“.
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En septiembre entró en vigor una ley en Texas, impulsada por los republicanos, que prohíbe el aborto tan pronto como a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas; y que ni siquiera contempla excepciones en casos de violación o incesto.
Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra quien ayude a una embarazada a abortar si cree que infringen la prohibición.
La abogada Julie Murray, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), dijo en la rueda de prensa que “es prometedor que más de cuatro jueces hicieran hoy preguntas que aparentemente reconocen que SB8 (nombre de la ley) es una afrenta a la Constitución y que podría ser un plan de acción para los estados que quieren atacar otros derechos federales”.
Aun así, advirtió de que “los argumentos orales no siempre son predictivos”.
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Actualmente la máxima instancia judicial estadounidense tiene una mayoría conservadora, pero se encuentra dividida respecto a la legislación de Texas.
En septiembre, la Corte dejó que la ley entrara en vigor en una decisión muy dividida, con el apoyo de cinco jueces frente a cuatro.
Sin embargo, las cuestiones planteadas este lunes por dos de los magistrados que en septiembre se opusieron a bloquear la norma, los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett -ambos nominados por el expresidente Donald Trump (2017-2021)- podrían indicar que están a favor de que las organizaciones proaborto sigan adelante con su caso.
El grupo Whole Woman’s Health Alliance, que tiene cuatro clínicas abortivas en Texas y que lidera la demanda, señaló que desde la entrada en vigor de la norma ha tenido que rechazar a cientos de embarazas que querían abortar.
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Otra de las organizaciones demandantes, The Afiya Center, indicó en la misma rueda de prensa que las mujeres que más sufren los efectos de la norma son las afroamericanas, que en muchos casos no tienen medios para trasladarse a otros estados para abortar.
“Las mujeres de color que ya afrontan obstáculos como la indigencia, la falta de acceso a transporte o cuidados de sus hijos, y a veces tienen que lidiar con violencia doméstica no disponen de la capacidad de dejar su trabajo para recibir esta intervención y a veces no tienen fondos”, dijo su directora de Programas, Cerita Burrell.
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en Estados Unidos en 1973 gracias al fallo de la Corte en el caso “Roe contra Wade”, en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
