Por Tania Rosas
El Instituto Nacional de Migración (INM) incurrió en un posible daño al erario por 143.2 millones de pesos por irregularidades en contratos asignados en 2019 y 2020 en materia de tecnologías de información y comunicaciones, servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria y seguridad informática, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la auditoría número 11-GB, la ASF advierte que el INM otorgó contratos por adjudicación directa que no procedían, un proveedor no reportó empleados, hubo sobreprecios y aceptó equipos proporcionados que no cumplían con las características mínimas solicitadas, entre otras anomalías; los contratos se dieron a finales de 2019 y en 2020, con Francisco Garduño como titular del INM.
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En dos contratos, uno para el arrendamiento de equipo informático y de escritorio y otro sobre el servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria, “no existe claridad en las actividades ejecutadas durante el proceso de contratación para seleccionar a las empresas que participaron en la investigación de mercado y a las que posteriormente se les adjudicaron los contratos, toda vez que se identificó que estas empresas se encontraban relacionadas entre sí”.
Comercializadora Antsua fue la empresa contratada para el arrendamiento de computadoras, se le pagaron 107.7 millones de pesos por la renta de un mes, aunque la empresa adquirió los equipos con los fabricantes Dell y HP en 65 millones. Además, la compañía no reportó empleados entre 2019 y 2020.
“Dos mil 682 equipos proporcionados por el proveedor no cumplen con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro establecidas en el anexo técnico, por lo que se estiman deductivas no aplicadas por 35 millones de pesos (…). De una muestra de mil 331 equipos, no se acreditó la existencia de 260”, detalló.
Añadió que entre noviembre de 2019 y junio de 2020, Comercializadora Antsua S.A. de C.V. recibió pagos por 231.9 millones de pesos de entidades del gobierno federal y estatal, de los que distribuyó 146 millones entre seis empresas que a su vez distribuyeron 127.7 millones a 15 empresas.
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“De las 21 empresas de segundo y tercer nivel se observó que sus operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM. Se identificó que ocho se encuentran vinculadas entre sí, toda vez que tienen los mismos socios accionistas, reportaron domicilios fiscales, números telefónicos o correos electrónicos iguales en el Registro Federal de Contribuyentes o fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público”, precisó.
El servicio administrado para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria (visitante, residente, visitante regional y visitante trabajador fronterizo) se otorgó a Nemecisco, S.A. de C.V. El Instituto Nacional de Migración (INM) le pagó 81.1 millones de pesos, 72.6 millones superior al costo que significó para este proveedor la prestación del servicio.
“Entre noviembre de 2020 y julio de 2021 Nemecisco S.A. de C.V. recibió pagos por 92.6 millones de pesos con recursos federales y estatales, de los que distribuyó 84.4 millones de pesos entre tres empresas nacionales; tres empresas internacionales, ubicadas en Panamá, Hong Kong e Israel, y cuentas en diversas instituciones bancarias en el extranjero, en países como Estados Unidos, Israel, Suiza y Panamá, cuyas operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM”, detalló.
El tercer contrato observado fue por el servicio administrado de seguridad informática y monitoreo de red, en el cual “se identificaron diversos incumplimientos en la prestación de los servicios de filtrado de contenido, perimetral para correo electrónico, seguridad para aplicaciones web, seguridad de base de datos y supervisión de la red del INM, por dichos servicios se realizaron pagos por 8.1 millones de pesos”.
