El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó este viernes la discusión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sobre la prisión preventiva para factureros. Esta mañana aseguró que sí afecta a la gente pobre, pues protege a los defraudadores.
Desde Campeche, el mandatario federal aseguró que el 99% de los delitos fiscales que se cometen en el país están relacionados “gente de arriba”.
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“Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte que lo estimo, que de verdad lo respecto, que haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres paga impuestos por la mercancía que compran”, expresó López Obrador sobre la prisión preventiva.
Apenas el martes, el ministro Zaldívar aseguró que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva son de escasos recursos, lo que contradijo los dichos del mandatario federal quien aseguró que la Corte tomó dicha decisión porque “los fifís no pueden ir a la cárcel”.
Hoy el presidente López Obrador aseguró que casi todos los delitos fiscales se relacionan con quienes más tienen.
“Entonces ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica, la justicia tiene que ser para todos incluso no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos”, puntualizó.
El lunes la SCJN declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por los delitos de defraudación fiscal, de contrabando, y de expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, señalada en la Ley de Seguridad Nacional, al considerar que atenta contra los derechos humanos.
AMLO se mantiene en la postura de que la Corte tomó dicha decisión de porque se trata de “delincuentes de cuello blanco“.
Los ministros de la SCJN resolvieron un recurso de inconstitucionalidad, promovido por diversos senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación.
