EFE.- Una investigación internacional reveló este miércoles que la compañía brasileña Odebrecht entregó sobornos en México de 2006 a 2011 por 9.2 millones de dólares, un monto adicional al que ahora indaga la Fiscalía General de la República (FGR).
Los 25 pagos ilegales se entregaron a siete funcionarios, cuya identidad es secreta, durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, según la información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Quinto Elemento Lab.
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Estos recursos son adicionales a los 10.5 millones de dólares que habría recibido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los documentos que revelan esta información corresponden a la Procuraduría de Brasil y al sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, “la oficina secreta de Odebrecht“, que distribuía los sobornos a funcionarios de América Latina y África, indicaron las asociaciones.
“Revelan, además, que el alcance de las prácticas corruptas fue mucho más extenso que el reconocido originalmente por los exdirectivos cuando confesaron haber sobornado a Lozoya y cuando más tarde admitieron pagos ilegales a campañas políticas”, reportó el Quinto Elemento Lab.
La investigación se revela en medio de la polémica que ha causado el rezago del caso Lozoya, quien tiene más de un año extraditado en México, donde sólo hay un detenido por el escándalo de Odebrecht: el exsenador Jorge Luis Lavalle, del Partido Acción Nacional (PAN).
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Los nuevos documentos evidencian que los pagos ilícitos de Odebrecht comenzaron en México en 2006, “a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán“, conocida como la presa Francisco J. Múgica, aseveró la organización MCCI.
“La obra de Michoacán a la que se hace referencia en los nuevos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores de aquel estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón“, añadió la organización.
La asociación matizó que las evidencias no mencionan que los expresidentes “hayan sido los receptores de algún pago ilegal, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios”.
