El gobierno de Estados Unidos restringió este miércoles las detenciones y allanamientos contra migrantes en “áreas protegidas” como escuelas, clínicas o templos, que puedan interferir con el acceso a servicios esenciales o cuidados médicos.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, envió un memorando a los titulares interinos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Tae Johnson, y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), Troy Miller, con instrucciones sobre esas operaciones.
Entre las “áreas protegidas” a las que se refiere el memorando de Mayorkas se cuentan las escuelas, colegios o universidades, las clínicas médicas o de salud mental, los centros de vacunación y los sitios de prácticas religiosas.
También se cuentan los sitios donde los niños van a jugar, las sedes de servicios sociales como los que atienden a víctimas de la violencia doméstica, los sitios donde haya desfiles, procesiones o manifestaciones, así como funerarias y cementerios.
“Tenemos que considerar el hecho de que una acción policial realizada cerca del área protegida, y no necesariamente dentro de ella, pueda tener el mismo impacto limitante sobre el acceso de un individuo al área misma”, añadió Mayorkas en el memorando.
El documento señaló como excepciones las acciones policiales relacionadas con una amenaza para la seguridad nacional, el riesgo inminente de violencia, muerte o daño físico a alguna persona, o la persecución de un individuo que representa una amenaza para la seguridad pública.
“Es debido al impacto profundo de nuestro trabajo que queremos considerar muchos factores diferentes antes de que decidamos actuar”, escribió Mayorkas en el memorando. “Esto puede hacer que nuestro trabajo sea muy difícil. También es una de las razones por las que nuestro trabajo es noble”.
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Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, los activistas han señalado que muchos de los migrantes son renuentes a solicitar asistencia médica u otros servicios sociales por temor a las detenciones, las cuales aumentaron durante el gobierno del expresidente Donald Trump.
Desde la investidura presidencial de Joe Biden en enero pasado, los arrestos de migrantes han disminuido sustancialmente debido a una política del gobierno federal que da prioridad a la captura y deportación de individuos que han cometido crímenes, y al fin de las redadas masivas en sitios de trabajo.
En la conducción de tareas como arrestos, allanamientos o la entrega de citatorios “tenemos que considerar muchos factores, incluida la ubicación del sitio donde llevamos a cabo la acción y su impacto sobre otras personas y los intereses sociales más amplios”, agregó.
Citó como ejemplo una acción policial en un albergue de emergencia que pueda resultar en que los migrantes, incluidos niños, duden de solicitar refugio en busca de comida y agua, atención médica urgente u otros cuidados humanitarios.
Con información de EFE.
