AP.- Con bloqueos temporales de vías en varias provincias y con relativa calma se cumplía el martes un paro nacional en contra de la política económica y el aumento en el precio del combustible dispuesto por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, quien lleva en el poder desde mayo.
Los reportes de incidentes aislados se produjeron en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Pastaza, Los Ríos y Azuay, donde la vía Panamericana fue interrumpida con troncos y otros objetos. Además se produjeron roces entre manifestantes y agentes policiales que con gases buscaban despejar las vías.
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El ministro de Defensa, Luis Hernández, aseguró a periodistas que ”estamos en un Ecuador con normalidad, la gente está dedicada a sus actividades y aquellos que infrinjan la ley serán llevados a la justicia, y los que quieran dialogar, el gobierno, el presidente, tienen los brazos abiertos”. Advirtió a quienes colocan vehículos para obstaculizar vías que serán retirados los permisos de movilización.
Al final de la tarde, miles de trabajadores, integrantes de organizaciones sociales, indígenas y otros colectivos realizaron una marcha por el centro norte capitalino para demostrar su rechazo a las políticas del gobierno, especialmente a la subida de los combustibles. La demostración se cumplió de forma pacífica.
El sindicalista y presidente de la Unión General de los Trabajadores, José Villavicencio, aseveró que ”se demuestra el descontento del país frente a la política neoliberal , el presidente Lasso en lugar de congelar lo que ha hecho es incrementar, en los hechos ha sido un paquetazo al pueblo ecuatoriano, dice que pensando en el país. No, él ha pensado en el Fondo Monetario, en los multilaterales y no en el pueblo”.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, una de las organizaciones que convocó a la protestas, dijo que ”estamos para reclamar derechos, no somos enemigos internos para que nos declare la guerra, escuche, presidente, todos estamos viviendo esta pobreza, incluida las arcas fiscales”.
”No podemos sacar dinero de la gente más pobre, sino congelar (el precio de los combustibles) a los precios planteados e ir a una discusión más integral sobre la política de focalización. Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes”, añadió.
Uno de los temas que más ha irritado a los indígenas, sindicalistas y otros grupos sociales es el aumento mensual del precio de los combustibles, uno de los cuales, la gasolina extra, ha pasado en poco más de un año desde 1.48 dólares por galón a 2.55 dólares.
Otro de los elementos que mantienen bajo tensión a los sindicalistas es una reforma laboral que promueve el mandatario y que entre otros elementos propone la flexibilización de las relaciones laborales con contratación a tiempo parcial o con contratos temporales, para generar empleo a siete de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo estable.
Los sindicalistas rechazan la iniciativa alegando que es una precarización de la actividad laboral.
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El jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, el general Jorge Cabrera, señaló que ante futuras movilizaciones ”actuaremos con firmeza dentro del marco de la ley, dentro del respeto a los derechos humanos, pero con firmeza porque los ecuatorianos quieren trabajar”.
En Guayaquil, Cuenca y otras grandes ciudades se han producido incidentes menores y breves interrupciones de vías que no han impedido las actividades normales de la ciudadanía.
El vocero del gobierno, Carlos Jijón, en rueda de prensa señaló que ”existe relativa tranquilidad” e informó que ”hay 18 personas detenidas en todo el país por intentar cerrar carreteras … los cuales han sido puestos a órdenes de los jueces competentes”. Añadió que ”estamos saliendo de una pandemia y una crisis económica durante la que no se pudo trabajar, las personas necesitan desesperadamente recuperarse”.
La ministra de gobierno, Alexandra Vela, dijo en su cuenta de Twitter que ”ratificamos que respetamos el derecho a la protesta siempre que sea de manera pacífica. No permitiremos que se cierren las vías y se afecte el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos”.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas y el Frente Unitario de los Trabajadores, los mayores gremios de su tipo, y otras organizaciones sociales y campesinas convocaron a las protestas.
En 2019 una protesta indígena en contra del costo de los combustibles, que puso al país al filo del rompimiento democrático del gobierno del entonces presidente Lenín Moreno, terminó después de casi dos semanas de violentas acciones en todo el país con saqueos, ataques a la Asamblea y el incendio del edificio de la Contraloría, entre otros. Tras las protestas Moreno dio marcha atrás con la medida.
